Los documentos que debían entregarse para comenzar el estudio de los datos para implementar una salvaguarda a las importaciones de arroz que vienen de América del Sur ya fueron entregados por los arroceros al Poder Ejecutivo, por lo cual a más tardar en un mes debe darse un reporte del análisis y los puntos evaluados hasta el momento.
Marvin Rodríguez, viceministro de Economía, Industria y Comercio, manifestó que para el 14 de febrero debe estar el análisis del departamento de Defensa Comercial. El jerarca destacó que el proceso es meramente técnico y no tanto político.
“Ellos (los arroceros) entregaron los documentos ayer (lunes), estos tienen un trato de confidencialidad entonces nosotros solo custodiamos el material”, expresó Rodríguez.
Óscar Campos, presidente de la Asamblea Nacional de Productores de Arroz, dijo que esperan que se tarden unos 14 días en el análisis de los documentos y que estos contienen datos de los precios de las importaciones y los desplazamientos en el mercado, entre otros.
PRIMER RESULTADO
Campos destacó que en la próxima semana conocerán los primeros resultados del Contencioso Administrativo que presentaron para impedir la eliminación de la fijación del grano, con lo cual esperan comenzar a ver la luz para que se derogue el artículo 5 del decreto Nº 37.699 del MEIC.
Consumidores de Costa Rica y Consumidores Libres también tienen en trámite un recurso igual, sin embargo el objetivo de estos es que se elimine la fijación de una sola vez.
GOBIERNO INSISTE EN EJECUTAR ARTÍCULO 5
El Gobierno manifestó que la entrada en vigencia del decreto Nº 37.699 se hará, si bien es cierto alargaron el plazo un año más, creen que no habrá mayor dificultad si se explican las razones que llevaron a tomar la decisión.
La entrada en vigencia del documento estaba prevista para el 1° de marzo de 2014, pero ahora será hasta la misma fecha de 2015 cuando se activaría la eliminación de la fijación.
Desde hace varios años miembros del la Organización Mundial del Comercio han expresado su molestia porque Costa Rica mantiene la fijación de precios de arroz, al considerar que se excede el monto en el pago de los subsidios para los productores, pero una y otra vez el sector arrocero ha insistido en que no reciben ningún tipo de reconocimiento económico de parte de las autoridades gubernamentales.
