La nueva demanda de Nicaragua contra Colombia

El pasado 26 de noviembre Nicaragua presentó formalmente una nueva demanda contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) exigiendo el cumplimiento de su fallo del 19 de noviembre del 2012. Este último, como bien se sabe, resultó de una demanda planteada formalmente desde el año 2001 por parte Nicaragua, la cual duró 11 años en dictaminarse en La Haya, debido a varios incidentes procesales: un primer intento de Colombia de esquivarla al presentar varias excepciones preliminares (de manera algo tardía) en el año 2003, cuestionando la competencia, de la CIJ dio lugar a un primer fallo de la CIJ del 2007; posteriormente, solicitudes de intervención simultáneas solicitadas por Costa Rica y por Honduras en el 2010 (con similar sensación de presentación tardía) fueron objeto de un rechazo por parte de la CIJ en el año 2011.

En el comunicado de prensa de la CIJ del 28 de noviembre se lee que Nicaragua introdujo una solicitud en relación a una controversia "relativa a las violaciones de derechos soberanos y de espacios marítimos de Nicaragua que le han sido reconocidos por la Corte en su fallo del 19 de noviembre del 2012, así como la amenaza de Colombia de recurrir a la fuerza para cometer estas violaciones". La referencia a "amenaza de recurrir al uso de la fuerza" puede leerse como una clara advertencia de las autoridades de Nicaragua a las colombianas, y no excluye una eventual solicitud al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es de señalar que desde el fallo de noviembre del 2012, Colombia no ha presentado formalmente a la CIJ ninguna solicitud de interpretación y/o aclaración o algún recurso de nulidad, todos previstos en el Estatuto y en Reglamento de la CIJ.

La inédita actitud de Colombia. A menos 10 días de leerse el fallo de la CIJ del 19 de noviembre del 2012, Colombia anunció su decisión de denunciar el Pacto de Bogotá suscrito en 1948: lo hizo exactamente el 27 de noviembre del 2012. Tratándose de un acto que surte efectos jurídicos un año después, según lo establece el mismo Pacto de Bogotá, Colombia quedó jurídicamente libre de las obligaciones contraídas en este emblemático instrumento regional (el cual, irónicamente, lleva el nombre de su propia capital) desde el pasado 27 de noviembre. El 16 de setiembre del 2013 Nicaragua presentó una demanda contra Colombia ante la CIJ, en respuesta a declaraciones del Presidente Juan Manuel Santos del 10 de septiembre del 2013 declarando el fallo de la CIJ " no aplicable". Habíamos tenido la oportunidad de indicar en estas mismas páginas que: “Con esta declaración, Colombia pareciera querer sentar un precedente inaudito para América Latina: en efecto, en las distintas controversias llevadas a conocimiento de la CIJ por parte de Estados de la región, estos siempre se han caracterizado por implementar la decisión de la CIJ” (véase nuestro artículo, El anuncio de Colombia de no aplicar el fallo de la CIJ, Pagina Abierta, 17/09/2013). Es interesante notar que en su alocución pronunciada unos días después ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, contrario a lo anunciado, el Presidente Santos no se refirió en ningún momento a su controversia con Nicaragua.

Amenaza del uso de la fuerza. La nueva demanda de Nicaragua contra Colombia presentada el 26 de noviembre refiere esta vez a la amenaza del uso de la fuerza por parte de autoridades colombianas: con ello, nos acercamos a un ámbito del derecho internacional en el que el juez internacional se ha mostrado particularmente sensible (e irritable). Ello no debe constituir ninguna sorpresa, pues uno de los mayores logros obtenidos por la comunidad internacional desde 1945 es haber pasado paulatinamente del derecho a la fuerza imperante a la fuerza del derecho para resolver disputas que surjan entre sus integrantes. La violencia que sacude aun a la comunidad internacional evidencia que estamos muy lejos de su perfecta concreción. No obstante, la prohibición del uso de la fuerza (o la amenaza de recurrir a ella) constituye unos de los cimientos sobre el que reposa el derecho internacional moderno.

Perspectivas inciertas. El fallo de la CIJ del 19 de noviembre del 2012 pretendía zanjar finalmente la disputa entre Nicaragua y Colombia, poniendo así fin a una larga incertidumbre en la región. Esta decisión permitía en buena lógica a los Estados del Mar Caribe reiniciar complejas negociaciones relativas a la delimitación de sus espacios marítimos, que quedaron supeditadas a la resolución de la controversia entre Nicaragua y Colombia (originada en 1979 con la denuncia por parte de Nicaragua del tratado Esguerra-Barcenas de 1928). Ello debió, por ejemplo, llevar a Costa Rica (así como a Honduras) a renegociar los límites que ambos tienen con Colombia en el Caribe: en el caso de Costa Rica se trata de un acuerdo de 1977 (firmado mas no ratificado), el cual es anterior a la consagración de la noción de Zona Económica Exclusiva lograda unos años más tarde en la Convención de Derecho del Mar de Naciones Unidas de 1982.

Epílogo. Desde la perspectiva jurídica, la denuncia efectiva del Pacto de Bogotá impide que Colombia pueda ser demandada ante la CIJ por parte de otros Estados deseosos de hacerlo usando este instrumento como base de competencia de la CIJ. Los Estados vecinos marítimos de Colombia, por ejemplo, deberán ya sea negociar, o bien intentar acudir a otros mecanismos, si quieren hacer valer pretensiones marítimas contrapuestas a las de Colombia. No obstante, en el caso de Nicaragua, la demanda presentada 24 horas antes de cumplirse el año para que entre en vigor la denuncia del Pacto de Bogotá le permite mantener su irresuelta controversia con Colombia bajo la jurisdicción del "órgano judicial principal de las Naciones Unidas", tal y como reza el Artículo 92 de la Carta de las Naciones Unidas. La novedad con respecto a la demanda planteada el 16 de septiembre es que ahora Nicaragua invoca una clara y abierta violación por parte de las autoridades de Colombia a un precepto fundamental del ordenamiento jurídico internacional.

Desde la perspectiva política, la actitud desafiante de Colombia desde el mes de noviembre del 2012 viene a complicar singularmente la agenda regional. En lo que concierne a Costa Rica, sus recurrentes disputas con Nicaragua (y el profundo deterioro de las relaciones bilaterales que dejará la administración 2010-2014) han llevado a sus autoridades a expresar señales de solidaridad con Colombia. Una actitud que conlleva serios riesgos, como bien lo advirtió el excanciller de Costa Rica Bruno Stagno (2006-2010) en los días previos a la Asamblea General de las Naciones Unidas: “Lo que sí es de lamentar es la intención de la Administración Chinchilla Miranda de solidarizarse con Colombia contra el expansionismo de Nicaragua, justo cuando Bogotá anuncia un desacato a las sentencias de la Corte Internacional de Justicia. Para un país comprometido con el derecho internacional, esta alianza más que inoportuna con Colombia, le puede salir muy cara a Costa Rica” (Stagno B. “Atrapados entre vecinos”, La República, 24/09/2013).

*Profesor de Derecho Internacional Público, UCR.

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Martes 10 Diciembre, 2013

HORA: 12:00 AM

CRÉDITOS: Por: Nicolas Boeglín