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Opinión

Soy testigo, el ICE no contrata espías

En declaraciones del pasado viernes 8 de noviembre en Radio Gigante, el señor Jorge Arguedas Mora comprometió mi nombre como testigo de algunas de sus afirmaciones, lo cual me obliga a aclarar de lo que sí soy testigo.


En Costa Rica la Ley No. 7425 en su artículo No. 9 obliga a todos los operadores de telecomunicaciones (no solo al ICE) a facilitar la obtención de pruebas en los casos judiciales vinculados con delitos de secuestro, corrupción, proxenetismo, pornografía, tráfico de personas u órganos, homicidio, genocidio, terrorismo, estupefacientes, sustancias sicotrópicas, drogas, legitimación de capitales y actividades conexas. En cumplimiento de tales exigencias (art. 20), los operadores están obligados a seguir las instrucciones del juez que instruye el caso, que en todo caso se refieren principalmente a: 1) Suministrar la lista de los teléfonos desde dónde o hacia los cuales se realizan llamadas, en relación con el o los teléfonos investigados, y 2) Facilitar la intervención de las comunicaciones.


Los operadores deben implementar protocolos de seguridad para garantizar la confidencialidad de la información. En el primero de los casos el ICE obtiene de sus registros electrónicos la información. En el segundo, debe facilitar las "conexiones", para que el o los teléfonos que el juez ordene, puedan ser intervenidos. En tal operación participa personal técnico de los operadores de telecomunicaciones, como los agentes que recaban las pruebas, pero ninguno tiene acceso a los contenidos, pues la confidencialidad de las comunicaciones está garantizada en nuestra legislación.


Ahora bien, soy testigo de que el ICE no contrata espías ni agentes de inteligencia, ni tiene una policía represiva, como se ha afirmado. Sí tiene investigadores como cualquier otra empresa pública responsable, para sus propias investigaciones, en casos de pérdida, robo, hurto o violación de sus activos o instalaciones, daño o robo de cables telefónicos y eléctricos, sustracción de activos o información, etc. Y tiene sus agentes de seguridad para la vigilancia normal de todas sus instalaciones, la mayoría con contratos privados. Soy testigo de que los investigadores son técnicos y profesionales en su campo.


Flaco favor. Las afirmaciones del señor Arguedas y las de algunos diputados que han actuado como cajas de resonancia en esta denuncia no son correctas, ni fundadas.


¿Qué persiguen estas falaces denuncias? No lo sé. Lo que está claro es que coadyuvan a sembrar la idea entre los ciudadanos de lo que con mala intención y alevosía otras voces difamantes han venido argumentando, que las empresas de servicio público son corruptas e ineficientes, y por tanto deben ser cerradas, vendidas o parcialmente privatizadas.


Flaco favor le hacen estas campañas a quienes con intereses propios o en defensa de grandes capitales logran indisponer a la opinión pública para que finalmente se privaticen los servicios en manos del Estado, para convertirlos en sus lucrativos negocios, cosa que lograron en telecomunicaciones y ahora pretenden en electricidad.


Para denuncias con fundamento, que las hay, está la Auditoría, Defensoría, Contraloría, Fiscalía y los Tribunales, pero una campaña pública y permanente que difame al ICE con cualquier pretexto pareciera tener otros fines. Exacerbar, aumentar y magnificar cualquier decisión de la Administración que no le parezca a un sindicato, termina finalmente paralizando la gestión y promoviendo la ineficiencia (contribuyendo de nuevo a la privatización), ante el temor de tomar decisiones que se constituyan en pasto de acusaciones tergiversadas, malinterpretadas o temerarias, y que son llevadas gratuitamente a los medios, o bien ante los repetidos atrasos en los planes de desarrollo de la institución, consecuencia de las denuncias sin fundamento, que causan en muchos casos injustificadas revisiones, investigaciones y dilaciones en los procesos.

 

*Ingeniero

PERIODISTA:

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Martes 26 Noviembre, 2013

HORA: 12:00 AM

CRÉDITOS: Por: Gerardo Fumero Paniagua

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