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Opinión

El efecto bumerán de la privatización del ICE

Hace algunos días una asociación de grandes empresas solicitó una rebaja de un 30% en las tarifas eléctricas de media tensión, esto a costa de subirle el costo al resto de los abonados, entre ellos los residenciales y comerciales, en una situación que podríamos llamar de solidaridad inversa. Recordemos que actualmente estas grandes industrias no subsidian al sector residencial, ni a ningún otro sector.


De cara a la situación que se está presentando es importante retrotraer las acciones de debilitamiento que ha sufrido el ICE por casi 30 años, por parte de los diferentes gobiernos liberales, secundados por algunas cámaras empresariales mediante estrategias como generación de superávits, compra bonos del Estado, limitaciones a la inversión y al endeudamiento, etc., cuyo fin era facilitar la privatización de sus actividades más atractivas, como la generación eléctrica, y cuyas consecuencias alcanzan al presente por los atrasos causados a los proyectos eléctricos que requería el país.


Recordemos también que en los años 90 se aprobó la ley 7200, que privatizó el 30% de la generación eléctrica y que en el año 2000 el gobierno del señor Rodríguez presentó un proyecto de ley llamado popularmente el “Combo Eléctrico”, que pretendía el desmantelamiento del ICE. La fuerte reacción popular contra este proyecto obligó al gobierno a retirarlo.


Sin embargo, la derrota del Combo no implicó que se abortaran las pretensiones de reformar el sector eléctrico, y es así como surgen los proyectos de Ley General de Electricidad de los Gobiernos Arias y Chinchilla y el Proyecto de Ley de Contingencia Eléctrica, que no son otra cosa más que otro intento por privatizar en un mayor grado la electricidad, y permitir que los grandes consumidores abandonen el mercado regulado y el esquema solidario, con serias consecuencias para las empresas eléctricas y las tarifas del resto de los usuarios.


Las decisiones políticas que obligaron al ICE a limitar la inversión, como por ejemplo, el atraso en la construcción de la planta Garabito, por la negativa del Gobierno (2002-2006), no degeneraron en una crisis mayor porque el Instituto buscó otros esquemas para cumplir con la satisfacción de la demanda, esquemas que posiblemente eran más caros que los tradicionales, limitados y denegados por los gobiernos, pero que fue necesario implementar para cumplir con el mandato de satisfacer la demanda eléctrica nacional. Recordemos que la electricidad más cara es la que no está disponible.


Los responsables. Un asomo de la grave situación que pudo haber sucedido si el ICE no hubiera actuado en concordancia con su responsabilidad se dio en abril de 2007, cuando el rezago en la inversión provocado por varios gobiernos causó un racionamiento eléctrico de pocos días. Esta situación fue advertida desde el 2005 por los profesionales y trabajadores del sector eléctrico del ICE en una publicación en la Nación del 3 de abril de ese año titulada “Electricidad: ¿Quién le responderá al país?”, donde se denunciaron públicamente las consecuencias de la paralización de varias obras fundamentales.


Citamos textualmente un extracto de dicha denuncia pública: “Posiblemente, el costo de las medidas que se deban tomar en forma urgente en esos años para enfrentar este problema (generación térmica) será de miles de millones de colones por año. ¿Quién se hará responsable por estas erogaciones? Es muy posible que quienes actualmente interfieren para cumplir con los planes del ICE, ya sea por las decisiones que han tomado, o bien por las que no han tomado, no estén en los puestos que hoy ocupan.”


Nos preguntamos si a futuro seguirá la falta de visión de algunos políticos con nuevos intentos de privatización de la electricidad, privilegiando los intereses de algunos grupos sobre el bienestar general.


*Ingeniero, Coordinador Comisión Electricidad, Sindicato de Ingenieros y Profesionales del ICE.

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Martes 22 Octubre, 2013

HORA: 12:00 AM

CRÉDITOS: Por: Carlos Solano Soto

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