Diario Extra - Deducciones salariales deben dejar libres ¢214 mil

El Ministerio de Hacienda dio marcha atrás y ahora hace un llamado a respetar el salario mínimo inembargable. Así se desprende de una nota elaborada por Mauricio Arroyo, subtesorero nacional, con fecha del 13 de junio.
Esto significa que no importa cuál sea el monto del crédito, a los funcionarios debe quedarles al menos ¢214 mil libres de su salario para hacer frente a necesidades básicas como vestido y alimentación. Había personas que estaban recibiendo únicamente ¢30 mil luego de las deducciones.
La misiva dirigida a las entidades deductoras de crédito establece que la cartera procederá a realizar los ajustes en el sistema de pago de salarios, previa confirmación con el Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social.
Se trata de la circular CIR-TN-017-2022 en la que además aclara que la nueva directriz para deducciones se aplicará a partir de la primera quincena de julio de 2022.
Esta decisión rige para los 226.000 funcionarios del Gobierno Central que incluye desde los ministerios, hasta las instituciones adscritas, Poder Judicial, policías, entre otros del sector público.
Según Arroyo, en este momento se tienen interpuestos ante la Tesorería Nacional, más de 1.200 reclamos administrativos de los trabajadores, solicitando acoger dicha instrucción del Ministerio de Trabajo, así como lo dispuesto en la Sentencia No. 2022-000656 de la Sala II de la Corte Suprema de Justicia en este mismo sentido del respeto al “Salario Mínimo Inembargable”.

TRAS INSPECCIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO

La Tesorería Nacional reconoció que, desde junio del 2021, ha venido aplicando lo establecido en el transitorio al artículo 44 ter a la Ley N°7472 “Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor” inserto mediante Ley No.9918, conforme a la instrucción girada por el Despacho del señor ministro de Hacienda mediante oficio DM-0507-2021, del 2 de junio de 2021.
No obstante, ahora aduce que mediante el acta de inspección y prevención, con código # SJ-IF-05995-21 y acta adicional Caso SJ-IF- 04176-21, ambos de la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, les hicieron una advertencia.
Textualmente citan: “…que los rebajos o deducciones de salarios no autorizados por la Ley son absolutamente ilegales. En este sentido deberá la empresa garantizar a sus trabajadores el salario mínimo inembargable y eliminar cualquier práctica que limite ese derecho”.
Añade que: “Lo anterior obliga a cancelar de inmediato el salario incompleto a los siguientes trabajadores en la lista anexa a esta nueva acta de revisión y además a todo aquel trabajador que a la fecha se encuentre en similar o condición salarial a la prevenida…”.

“EL INSENSIBLE GOBIERNO ANTERIOR”

Albino Vargas, secretario de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), celebró la decisión y calificó de “insensible” al gobierno anterior.
“El presente gobierno toma la decisión correcta. Los argumentos son contundentes a la persona asalariada hay que respetarle el salario mínimo de Ley, según lo establecido por la Constitución Política”, manifestó.
En sus palabras, con esto vuelve la protección constitucional con la oportuna intervención de la inspección laboral. La ANEP había presentado acciones de inconstitucionalidad en defensa legal de sus afiliados.
Calificaron los rebajos aplicados como ilegales. Se refirieron a la existencia de una demanda contra el Estado ante el Juzgado de Trabajo por la afectación al salario mínimo de al menos 3.000 funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública, entre otras.
Para Miguel Ureña, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda y del Sistema Aduanero Nacional (Sitrahsan), ya era hora de ordenar el asunto de los derechos fundamentales. “Es un instrumento jurídico muy adecuado. Había muchas personas endeudadas que no estaban recibiendo el salario mínimo, nosotros estamos invocando que esa instrucción llegue a aplicarse en 30 días que fue el tiempo que dieron a los acreedores”, acotó.