San Salvador. (AFP).- En una parada de transporte público llena de usuarios en San Salvador, se estaciona un bus con un soldado como chofer. La línea ha sido intervenida por el gobierno de Nayib Bukele por incrementar ilegalmente el precio del pasaje.
La escena sucede en la terminal de microbuses y buses de las rutas 42 y 152, ambas de la cooperativa Acostes, cuyo jefe es el empresario Catalino Miranda, detenido por la policía hace unos días y señalado por la Fiscalía ante la justicia de los delitos de resistencia y desórdenes públicos. Todo empezó cuando el presidente Bukele anunció la semana pasada medidas para paliar la inflación global generada por el conflicto Rusia-Ucrania. Entre ellas la suspensión temporal de algunos impuestos a los combustibles para evitar un alza en el pasaje del transporte colectivo. Advirtió a los transportistas con una intervención del gobierno si subían sus precios.
Así, desde el pasado 12 de marzo, tras la detención de Miranda, el gobierno intervino ambas rutas tras anunciar que les suspendía los permisos por incrementar sus precios.
Con el apoyo del Ministerio de Obras Públicas, dispuso que las 293 unidades de transporte de estas líneas queden bajo conducción mayoritaria de las Fuerzas Armadas, sin cobrar por el servicio.
El gobierno recuerda que la Constitución les permite "tomar a su cargo los servicios públicos cuando los intereses sociales así lo exijan, prestándolos directamente".
PERIODISTA: Redacción Diario Extra
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Jueves 17 de Marzo, 2022
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