Diario Extra - Conare señala preocupación por Ley de Empleo Público

El Consejo Nacional de Rectores (Conare) hizo públicas sus observaciones sobre la Ley Marco de Empleo Público, que hace unos días firmó el presidente Carlos Alvarado.
Los representantes de las cinco universidades estatales manifestaron su preocupación por los alcances de la nueva legislación, la cual se firmó sin un diálogo participativo con los sectores sociales para evaluar sus efectos.
También mencionan que no existió un estudio efectivo y objetivo que permitiera demostrar que en realidad el Estado puede ahorrar dinero con la implementación de la nueva normativa.
“Fue aprobado como ley de la República un proyecto que careció de estudios técnicos rigurosos y bien fundamentados que demostraran los supuestos ahorros que se generarían con su aprobación dentro del contexto y los efectos del congelamiento de salarios derivado de la vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Lo anterior, aun cuando la Universidad Nacional proyectó un ahorro no mayor al 0,27% del PIB, y no el ahorro inicial que Mideplan estimó en un 0,70% del PIB”, se lee en la publicación institucional.

EJECUTIVO CON MUCHO CONTROL

Otro apartado que preocupa en los rectores es el poder que este proyecto le da al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) para el manejo de las plazas del Estado, las cuales se podrían tratar de forma antojadiza.
“No se realizó una valoración del impacto que esta ley tendrá en la inversión permanente que requieren los servicios públicos para que sean de calidad, ni su repercusión en la ciudadanía.
Más bien se debilita el Sistema de Servicio Civil, órgano constitucionalmente competente para administrar el régimen que regula, y en su lugar se impuso la dirección de una instancia política como el Mideplan.
En consecuencia, la Ley No.10159 revierte la despolitización del empleo público defendida en nuestra Constitución Política, restaurando el excesivo y centralizado poder y control político del Poder Ejecutivo.
La centralización de las iniciativas de reforma del Estado en materia de Empleo Público concentradas en el Mideplan le da potestad para determinar el posible cierre de plazas en el sector público, si dicho ministerio las considera no esenciales. Lo anterior atenta contra los principios que deben inspirar la concepción, desarrollo y aseguramiento del personal requerido”, añaden.
Para cerrar su señalamiento los rectores indican que la firma de la ley se hizo con una clara ausencia de interpretación constitucional, situación que daría espacio a una violación constitucional directa, por interpretación o por reglamentación de sus efectos normativos.
Por eso Conare hizo un llamado a instituciones públicas a generar foros de análisis sobre la ley para proponer y demandar reformas que resulten procedentes para una mejor implementación del texto.