Diario Extra - Obligan a legisladores a justificar ausencias

Los legisladores tendrán que justificar sus permisos y ausencias para no asistir al Congreso de la República.
Por otra parte, en caso de que aleguen que no pueden asistir a Cuesta de Moras por enfermedad deberán presentar incapacidades y dictámenes médicos emitidos por un profesional de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Así fue acordado por el Directorio legislativo tras darse a conocer el caso de la diputada independiente Ivonne Acuña, quien no se presenta a la Asamblea desde hace más de dos meses y ha percibido más de ¢14 millones.
“El Directorio acogió la reforma al reglamento interno referente a ausencias de los legisladores (…) Ante los vacíos que han existido, se elimina que un diputado pueda pedir permiso sin una motivación o documentación que respalde su ausencia.
Los diputados tendrán la posibilidad de solicitud de ausencia única y exclusivamente por motivos propios del cargo. Cuando esa sea la justificación, tendrá que justificar y documentar lo que realiza”, explicó la presidenta del Congreso, Silvia Hernández.
“Si participa en un viaje tendrá que documentar que es un viaje oficial, en representación de una comisión. Si va de gira tendrá que señalar las razones y únicamente sería por motivos del cargo.
Los diputados podrán tener dos permisos máximo al mes que tendrán que documentar. Si está incapacitado, le aplica el reglamento de la Caja”, agregó.
Los cambios se aplicarán a partir de la publicación en el diario oficial La Gaceta, es decir, en un plazo máximo de dos a cuatro días.
Por otra parte, el director ejecutivo a.i. Freddy Camacho precisó que el caso de Acuña se encuentra en investigación y además se considerará la posibilidad de interponer denuncias ante la Procuraduría de la Ética Pública (PEP).
“Hoy (ayer) por la tarde analizamos el tema. Definiremos la ruta de trabajo para tener los resultados. Se investiga la ayuda técnica que ha recibido la diputada Acuña Cabrera, ahí se incluye combustible, asesores, temas administrativos.
La investigación solicitada es documentar las irregularidades e incluso poner las denuncias ante la PEP. Ahí será si se determinará un delito o si se devuelven los recursos. Hay bastantes indicios”, explicó.
Precisamente la PEP detalló este martes en horas de la tarde que ejercerá sus competencias legales por tratarse de una servidora pública que estaría cometiendo un eventual delito funcional.