Diario Extra - Caso Diamante se caería por omisión legislativa

El caso Diamante podría venirse abajo por una serie de comisiones legislativas y derogatorias de ley aplicadas desde Cuesta de Moras.
En 2019 José María Villalta, diputado del Frente Amplio (FA), advirtió que derogar el artículo 2 de la Ley contra el Crimen Organizado (por el que se juzga a los empresarios) podría traer una serie de problemas legales.
A pesar de lo anterior, los legisladores avanzaron en la derogatoria del artículo de la discordia.
“Esta ley entró a regir en octubre del 2019 y el Poder Judicial no cuenta con el presupuesto para implementarla correctamente (…) La Ley 9481 remite todos los casos que califiquen como delincuencia organizada a la jurisdicción especial creada. Eso puede generar un perjuicio mayor que el beneficio”, advirtió el frenteamplista hace tres años.
“(…) La complejidad de los asuntos facilita que se alegue la prescripción como excusa para no ir por el fondo. Si no se regulan bien las causales de suspensión de la prescripción en casos complejos como delincuencia organizada podría favorecerse la impunidad.
La Ley 9481 cometió errores en la regulación de estas causales de la suspensión de la prescripción. Se eliminaron causales importantes en tramitación compleja. Debe restituirse normativa y armonizar causales con el resto de la legislación procesal penal”, agregó Villalta en el plenario viejo de Cuesta de Moras.
El 17 de octubre de 2019 el proyecto 21.559, que modificó la Ley 9481, avanzó sin mayor contratiempo y se convirtió en ley de la República el 30 de octubre del mismo año.

¿Y AHORA?

Tres años más tarde y percatados de la “torta” involuntaria, los legisladores analizan si se puede hacer una interpretación real de la ley para que el caso Diamante “no se caiga”.
Se menciona que fue una omisión sin ningún tipo de intencionalidad porque en 2019 los casos de corrupción conocidos a nivel nacional no habían salido a la luz.
“Eso se veía venir. Lo que se debe ver es la interpretación auténtica del legislador en ese momento para ver si con eso se puede subsanar (el tema). La procesión iría por una interpretación auténtica para ver cómo está el asunto.
En caso de que no se avance eso habría que reconocer que se cometió un error terrible que favorecería a estas personas que jugaron con la plata de los costarricenses. En todo caso hay una apelación que no ha sido resuelta en el juzgado. Hay que esperar qué dice el Poder Judicial”, explicó el independiente Erick Rodríguez Steller.
“No es correcto asumir que hubo un error legislativo, como dice el abogado defensor Juan Marcos Rivero. En los cambios de la ley hay un artículo transitorio que los cambios a la ley a los que se refiere el abogado Rivero entrarían a regir hasta 18 meses después de que se le haya otorgado el presupuesto necesario para implementar la ley. Pero eso no ha ocurrido”, secundó el independiente Dragos Dolanescu.
“No ha habido contenido presupuestario para hacer el cambio, así que aun cuando argumente que se derogó el artículo 2 de la nueva Ley de Crimen Organizado, esta no entraría a regir hasta 18 meses después de que se tenga el presupuesto para cambiarla, y eso todavía no ha sucedido. Se está trabajando en una interpretación auténtica del legislador para cubrir cualquier duda”, añadió.
Otros son más cautos respecto a que los empresarios salgan de prisión de forma prematura. “La declaratoria de crimen organizado se dio antes de la derogatoria. No hay ninguna razón para invalidar la prueba y ahora eso se eleva a un juzgado superior. Todo se debe ver a la luz de lo que vayan a fallar las instancias superiores. En ese momento no había un caso Diamante”, agregó la diputada Shirley Díaz.
DIARIO EXTRA intentó contactar con Villalta para tener su criterio sobre el tema, sin embargo al cierre de edición no contestó nuestros mensajes.