Diario Extra - Pifia de Fiscalía en caso Diamante sería peor que Cochinilla

La Fiscalía prácticamente admitió ayer mediante un pronunciamiento público que la apertura del procedimiento especial en el caso Diamante se basó en un artículo derogado.
Es así como, según los abogados, se abre la posibilidad de que este pueda tambalearse aún con mayor fuerza que el caso Cochinilla. DIARIO EXTRA cuenta con una copia del documento firmado por la jueza penal Juliana Jiménez Alpízar emitido el 28 de diciembre de 2020.
De este se extrae que se emite la: “Declaratoria de procedimiento especial de delincuencia organizada, siendo que esta juzgadora considera, se cumple con los presupuestos que establecen los artículos 1 y 2 de la Ley 8754”.
Como es conocido, este artículo quedó derogado el 8 de octubre de 2019, de modo que al momento en que se abre el expediente 20-009616-0042-PE y se dicta la resolución de la jueza, este ya este no existía.
Este medio contactó a Juan Marcos Rivero, abogado dentro de la causa, quien manifestó que para el caso Cochinilla, el Ministerio Público todavía puede alegar que el procedimiento se abrió cuatro días antes de la anulación del artículo, pero en el caso Diamante no habría argumentación que valga.
“No solo la declaratoria de crimen organizado se dio con fundamento en un machote de un caso de aborto, sino que se emite 14 meses después de que el artículo 2 de la Ley 8774 había sido derogado”, indicó el reconocido penalista.
Con este concuerda el abogado Erick Ramos, quien expresó a El Periódico del Pueblo que el Ministerio Público debería ser más prudente a raíz de lo ocurrido en el caso Diamante y Cochinilla, porque hay decenas de casos sobre crimen organizado y procesos que estarían en juego. “La resolución del caso Diamante se da con posterioridad a la derogatoria”, destacó.

¿QUÉ ES EL CASO DIAMANTE?

Los costarricenses despertaron el 15 de noviembre de 2021 con la noticia de al menos 40 allanamientos en simultáneos en municipalidades y empresas privadas, lo cual trajo como consecuencia la detención de 13 personas, incluidos seis alcaldes.
Las autoridades investigan una aparente estructura criminal que habría operado en diferentes municipalidades y que supuestamente ofrecían sobornar a funcionarios públicos para ganar proyectos de infraestructura cantonal.
Dentro de los sitios allanados estaban la Municipalidad de San José, la Municipalidad de Escazú, la de Siquirres, la de Cartago, la de Osa, la de Golfito, la de San Carlos y la de Alajuela, así como también el edificio central del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
Los alcaldes detenidos en aquella oportunidad fueron Johnny Araya de San José, Arnoldo Barahona de San Carlos, Humberto Soto de Alajuela, Alfredo Córdoba de San Carlos, Mario Redondo de Cartago y Alberto Cole de Osa.
Los líderes municipales permanecieron más de 56 horas de prisión en las celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ubicadas en los Tribunales del Segundo Circuito Judicial de San José.
Al menos 15 proyectos de construcción se encuentran en la mira actualmente por presuntamente verse favorecidos de forma ilícita, por lo que permanecen en investigación y seguirán en análisis bajo el expediente.
Los gobiernos locales habrían adjudicado obras de infraestructura vial cantonal a cambio de dádivas o promesas de retribución en las que brindaría beneficios, especialmente a la empresa MECO.