Diario Extra - Diputados piden urgente intervención de AyA

De forma unánime, los miembros de la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa aprobaron un informe especial en el que recomiendan la intervención del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
El informe plantea, entre varios puntos, que el Poder Ejecutivo debe intervenir, de manera urgente, la Dirección de Sistema Comercial Integrado del AyA, ya que dicha institución no ha actuado en favor de sus abonados y, además, ha cometido una serie de irregularidades en procesos.
“En vista del número de hechos, hallazgos y afirmaciones de funcionarios, este órgano legislativo recomienda al Presidente de la República, en el marco del respeto a la división de poderes y de su investidura, la intervención inmediata del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), su Junta Directiva, toda su estructura directiva y gerencial, así como de las direcciones regionales y funcionarios de planta implicados”, señala el documento legislativo.
“A pesar de que el AyA es una institución con un alto valor e importancia para el país, buena parte de los jerarcas y funcionarios convocados a las audiencias mostraron el reflejo de un comportamiento que debe corregirse, por el grado de indiferencia con el que abordaron los serios problemas de la institución. Asimismo, es una institución que ha sido administrada de forma desordenada, negligente e irresponsable, altamente concentrada y con una planificación y control profundamente deficientes, cuya responsabilidad recae en la Junta Directiva del presente Gobierno, salvo por la condición del señor Tomás Martínez Baldares, quien integra ese órgano desde enero del 2021”, agrega el informe de 66 páginas.

MALA FACTURACIÓN

De acuerdo con los diputados, durante el proceso de comparecencias, se pudo vislumbrar “la fragilidad de los sistemas de facturación del Instituto”, lo que hace urgente que “renueve su plataforma tecnológica, con el fin de garantizar una facturación eficaz y consolide un sistema que sea capaz de afrontar situaciones de emergencia.
La causa del error que propició el incremento de las tarifas del servicio de agua potable radicó en la forma de la estimación hecha por el AyA, que hizo que se elevaran los montos del recibo final de muchos de sus usuarios. Esto lesionó el derecho de las y los usuarios del servicio público de recibir cobros basados en mediciones objetivas y razonables, al mismo tiempo que vulneró la confianza de la ciudadanía, en medio de una situación de emergencia nacional”, explican.
“Debe considerarse que los aumentos produjeron afectaciones en las finanzas familiares de muchas personas, quienes además ya estaban siendo impactadas por situaciones graves, de amplio conocimiento público, como el desempleo originado por la pandemia del Coronavirus”, plantean los diputados.
Adicionalmente, se pide un informe que explique las medidas tomadas por AyA para determinar, no solamente la responsabilidad de los funcionarios implicados en los problemas de facturación, sino de medidas correctivas y de reparación a los afectados.

INEFICIENTES

Los legisladores precisan que el AyA se ha manejado como tierra de nadie.
“La jerarquía del AyA nunca ejerció sus potestades de vigilancia y fiscalización”, expresó el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) Luis Fernando Chacón.
Asimismo, se criticó la competencia de la institución en zonas alejadas de la Gran Área Metropolitana (GAM).
“El AyA sigue siendo una institución centralizada. Las oficinas que tiene en las regiones no son solamente pobres en presupuestos, sino en recursos humanos e infraestructura. Para mover un lapicero, requieren la autorización de una de las muchas dependencias de San José”, externó la legisladora Yorleny León
“Es muy difícil que, en las regiones periféricas como Puntarenas, Guanacaste y Limón, se pueda atender el tema de abastecimiento de agua potable, cuando las dependencias no pueden tomar decisión alguna”, añadió.

CONTRATACIONES IRREGULARES

Como si todo lo anterior fuera poco, los legisladores señalan en el informe aprobado que hay debilidades de control por parte de las unidades involucradas en los procesos de nombramientos, al tramitar documentos.
“Dichas irregularidades representan un riesgo financiero para la Institución, ante eventuales pagos improcedentes o atrasos en el pago por equivocaciones al consignar el número de cédula del funcionario”, precisa.