Por casi 17 años, una especialista en derecho ha mantenido una disputa legal debido a un proceso penal interpuesto tras su divorcio, en el que se habría acordado la repartición de bienes logrados en el matrimonio.
Edith Godínez entabló una denuncia por el presunto delito de prevaricato en contra de cuatro funcionarios públicos de apellidos Benavides, Mc Laren, Chacón y Esquivel, caso que se tramita en el expediente 22-000032-0619-PE, información a la que tuvo acceso DIARIO EXTRA y de la cual tiene una copia. Al inicio del proceso legal, el Juzgado habría dado el aval para la repartición de los bienes, sin embargo, cambios realizados en la legislación llevaron a que Godínez no recibiera parte de lo que en apariencia le correspondía.
Según supo este medio, desde 2005 la afectada mantiene el proceso, sin embargo, estaría a un mes de cumplirse su tiempo de apelación.
“Cuando se inició la ejecución de la sentencia todo inició bien y había bienes gananciales en el divorcio, lo que pasó fue que en ese momento existían dos leyes para el proceso, para el remate de bienes, que era el Código Procesal Civil y la Ley de Cobro Judicial. Cuando yo interpuse la ejecución de sentencia, aún no estaba la Ley de Cobro Judicial, solo estaba el Código Procesal Civil, entonces ese fue el dilema, sin embargo, en las dos leyes hay un procedimiento establecido por Ley de que, cuando una persona no honra una deuda, rematan el bien”, explicó Godínez.
Pero la abogada indica que supuestamente los jueces no habrían acogido su petición, en lo que ella considera una acción irregular. “El Tribunal dice que ni una ni la otra, que ese proceso tiene que hacerse sin Ley y se inventa un procedimiento totalmente contra Ley, a nadie se le ha aplicado este procedimiento inventado, porque es como un capricho del Tribunal, pero lo hizo así”, acotó.
CAMBIO EN LA LEY
Según la presunta afectada, al no aplicarse supuestamente la normativa establecida, no recibió ningún tipo de los bienes que en apariencia le correspondían.
“Cuando se dio ese voto yo no lo podía apelar, me tuve que conformar con el procedimiento que el Tribunal se inventó, que era que la propiedad se rematara infinitamente. Entonces mi esposo se dejó toda la plata, todos los bienes, no me dejó nada, lo que hizo el Tribunal fue desaplicar la Ley, es completamente tiránico”, añadió.
Godínez mencionó al Periódico de Más Venta en Costa Rica que, tras su proceso judicial, empezó a estudiar derecho con el fin de conocer el trasfondo de lo que enfrentaba.
“A raíz de esto yo estudié derecho para conocer lo que me había pasado. Aquí lo que había que hacer era combatir ese voto con un proceso penal que se llama prevaricato contra el juez, existe ese delito, no importa de cuál institución que incumpla su labor, se le puede acusar del mismo. Esa acción vence a los seis años, mi proceso vence el 2 de marzo entrante, en esta semana tengo que hablar con el Fiscal, que está muy anuente, para iniciar el proceso de indagatoria, yo estoy corriendo para que el Fiscal los indague”, subrayó.
JUICIO
En los próximos días, Godínez seguirá en conversaciones con uno de los Fiscales que sigue el caso, e indicó que, de admitirse el proceso, se podría llevar a los cuatro funcionarios públicos supuestamente involucrados a las salas de juicio.
“Si a ellos se les indaga antes de ese momento, la acción penal sigue, van a tener que ir a juicio, no van a quedar impunes”, advirtió.
Entre una de las apreciaciones que tiene la abogada, destaca que las instituciones públicas estarían supuestamente manejando temas por intereses, los cuales en apariencia le han afectado.
“Lo veo como violencia de género, porque mi exesposo tenía mucho dinero y, lamentablemente, en el Juzgado de Familia, cuando llega un proceso donde hay bienes y donde hay dinero, a ellos les gusta sacar cuentas también, como si fuera un proceso de ellos”, aseveró.
Para Godínez, los procesos judiciales en el país enfrentan en apariencia un serio problema de funcionalidad, por lo que espera que su caso avance en los próximos días.
“Lamentablemente los funcionarios públicos, no solo del Poder Judicial, porque he tenido que ir a otras instituciones, me he dado cuenta que el funcionario público lo tienen secuestrado, nuestra democracia está en los bolsillos de los funcionarios públicos”, concluyó.
¿QUÉ DICE LA LEY?
Artículo 357 del Código Penal: prevaricato.
“Se impondrá prisión de dos a seis años al funcionario judicial o administrativo que dictare resoluciones contrarias a la ley o fundare hechos falsos”.
PERIODISTA: Erick Melendez Delgado
EMAIL: [email protected]
Lunes 07 de Febrero, 2022
HORA: 12:00 AM
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