Diario Extra - Ministerio Público se niega a llamar a exministra de Hacienda

El Ministerio Público se niega a llamar a declarar a la exministra de Hacienda, Rocío Aguilar, para que explique de dónde proviene el faltante presupuestario de ¢78 mil millones que encontró el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en el caso Cochinilla.
Carlos Solís, exgerente de Adquisiciones y Finanzas del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), pidió desde el pasado 9 de julio de 2021 que Aguilar fuera citada a la Fiscalía en calidad de testigo, pero hasta el día de hoy eso no ha ocurrido.
Y es que el testimonio de Aguilar quitaría fuerza a la tesis inicial del OIJ y de la Fiscalía en momentos en que están por vencerse las medidas cautelares de Carlos Cerdas y Mélida Solís, dueños de Meco y de H Solís respectivamente.
Los entes judiciales apuntan a que se habría producido una malversación de fondos públicos, lo que implica una sustracción o robo de los mismos. Sin embargo, tras las comparecencias legislativas del caso Cochinilla, todo apunta a que más bien se trató de un movimiento de partidas presupuestarias por decisiones propias de la administración pública.
Asimismo, es posible concluir que, en efecto, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) dio la orden de continuar con los trabajos de infraestructura vial a sabiendas de que no tenían contenido presupuestario para ello.
Aguilar externó a los diputados bajo la fe del juramento que es probable que la cartera no contara con el dinero necesario debido a que Hacienda se había visto imposibilitada a hacerle una transferencia en el año 2018, lo que generó un efecto acumulativo.
Es por eso que el Conavi pudo haber tomado recursos de otras partidas para cancelar a los contratistas y así no paralizar las obras del Ministerio mejor calificado del Gobierno.
Verny Jiménez Rojas, exasesor legal del MOPT, afirmó en estas audiencias que, tanto el exministro Rodolfo Méndez Mata como el exdirector de Conavi, Mario Rodríguez, ordenaban seguir adelante pese a tener conocimiento de la situación.
Esto se complementa con una nota de noviembre de 2018, de la que este medio tiene copia, en la que el ingeniero Alejandro Bolaños, representante legal de la empresa Meco, instaba a Rodríguez a ponerse al día con el pago de facturas atrasadas.

EMPRESA IBA A PARALIZAR OBRAS

En ese momento, la compañía alegó que los saldos adeudados alcanzaban sumas nunca antes experimentadas en términos de retrasos y que representaban un alto costo financiero para el contratista.
La nota deja ver que el flujo de caja de Meco comenzaba a deteriorarse por los atrasos en los pagos e, incluso, la empresa lanzó una amenaza de paralizar obras si el Estado no cumplía con lo pactado en los contratos viales.
Se hace referencia a facturas vencidas pendientes de las licitaciones 2014LN-000017-OCV00 y la 2014LN-000018-OCV00. El oficio GRL-339-2018 se titula “Aviso de eventual suspensión de contratos sin responsabilidad para el contratista”.
Un hecho que llama la atención es que el mismo ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, afirmó en la misma comisión que no hubo ningún favorecimiento a empresas e incluso enfatizó que el dinero del Conavi está invertido en obra pública, cuyos proyectos están construidos y que son fácilmente palpables.

NO GIRARON ¢70 MIL MILLONES DE IMPUESTO A LA PROPIEDAD

De acuerdo con la ampliación de la indagatoria de Solís, al cierre del 2018, Hacienda había dejado de girar al Conavi la suma de ¢70 mil millones, que correspondían al Impuesto a la Propiedad de Vehículos, toda vez que aplicaron el principio de pagado y no devengado.
Señaló que, ante el faltante de recursos, la institución sustituyó el dinero con otras fuentes específicas que estaban en la cuenta general de caja única del Conavi y que, por tanto, debían reponerse con los fondos no girados.
Según manifiesta, todo esto puede ser fácilmente corroborado en el informe de cierre anual de la ejecución presupuestaria de 2018, el cual pasó incluso por la revisión de la Contraloría General de la República.
“El no giro de recursos no se dio únicamente en el caso de Conavi, si no en muchas otras instituciones como Aviación Civil, Cosevi entre otras. Obedeció a que el Ministerio de Hacienda maquilló una rebaja del déficit fiscal del 1 % al 2017 para tranquilizar a las calificadoras de riesgo”, externó Solís.
De acuerdo con Solís, en el 2019 se tuvieron que hacer modificaciones presupuestarias para cubrir el faltante de 2018 porque había facturas pendientes de pago y proyectos sin contenido presupuestario.