Luego de que la funcionaria judicial Laura Chaves escribió un artículo de opinión sobre la gestión de la exfiscala general Emilia Navas Aparicio, la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia le abrió una causa disciplinaria en la Inspección Judicial.
En las palabras publicadas en el Semanario Universidad el 16 de noviembre del 2021, la letrada de la Sala de Casación Penal menciona: “Su sello de fiscala implacable se sintió a lo interno del Poder Judicial, muchas personas funcionarias fuimos víctimas de sus acciones arbitrarias. Navas Aparicio se dedicó a abrir causas penales al personal interno del Ministerio Público y de otros ámbitos judiciales, sin la valoración jurídica necesaria que estableciera un juicio de probabilidad, desde mi criterio violentando el principio de objetividad al que está obligado el Ministerio Público”.
Chaves agregó que se pasó de ser un Estado de Derecho, donde ante la posibilidad de que se haya cometido un delito se debe conducir una investigación con arreglo a la legalidad, a una sociedad controlada por un sistema represivo.
“Las causas se abrieron y se tramitaron sin contar con la solidez probatoria que exige la Ley Procesal Penal. Fuimos expuestos y señalados en medios de prensa dañando no solo nuestra honorabilidad, sino nuestro prestigio profesional. Con sus caprichosas actuaciones como fiscala general de la República, Emilia Navas nos arrastró a la época más negra y preocupante de la institucionalidad costarricense, al punto que un tribunal de la República indicó en una sentencia donde figuraban como imputados Berenice Smith, Celso Gamboa y Johnny Araya, que desde el Ministerio Público se patrocinó testigos falsos”, comentó.
FUNCIONARIA SE SACUDE
Esta es parte de la opinión que hizo la también jueza penal integrante suplente del Consejo Superior del Poder Judicial, quien no se quedó de brazos cruzados y presentó un recurso de amparo contra el propio Poder Judicial, del cual DIARIO EXTRA tiene copia: “Me lesionaron mis derechos con el acto administrativo por violaciones graves y odiosas a la libertad de expresión, libertad de opinión y libertad de prensa”.
“La ciudadanía la elevó al pedestal más alto. El mensaje que transmitía fue ‘ahora sí se está trabajando contra la corrupción’, pero nada más ficticio, puesto que, al hacer un recuento de los casos más mediáticos, en ninguno de éstos lograron confirmar ante Tribunales de la República su hipótesis acusatoria”, agregó.
Por su parte, las jefaturas judiciales le contestaron que esa opinión que tituló “Emilia Navas Aparicio: ¡Mucha pena y ninguna gloria!” atenta contra la imagen institucional y la labor jurisdiccional de esa Sala.
TAPAR BOCA
En el recurso de amparo la jueza, quien tiene más de 13 años en la función pública, exige que se le respeten los derechos y garantías constitucionales como ciudadana de un Estado democrático.
“Especialmente porque mi opinión está basada en hechos reales y que permiten emitir o externar lo que pienso, esto como parte de mi control como ciudadana. En el acto que me fue comunicado me permiten percibir que la Inspección Judicial y Patricia María Solano Castro pretenden silenciarme, conllevando una clara violación de los derechos aludidos como los de información, expresión, opinión, pensamiento, aplicándome la ley mordaza”, dijo.
Algunos funcionarios judiciales, que por miedo a represalias optaron por no publicar sus identidades, agregaron a El Periódico del Pueblo que por este tipo de acciones que toman los jerarcas nadie se anima a denunciar.
La Sala le dio curso al recurso de amparo.
PERIODISTA: Manuel Estrada
EMAIL: [email protected]
Jueves 06 de Enero, 2022
HORA: 12:00 AM
SIGUIENTE NOTICIA