Cuidemos nuestra libertad
Editorial
Recientemente, celebramos el primer feriado del Día de la Abolición del Ejército, hito histórico ocurrido el 1 de diciembre de 1948, cuando José Figueres Ferrer, presidente de la junta fundadora de la Segunda República conformada tras la Guerra Civil, destruyó de forma simbólica parte de un muro del cuartel Bellavista en señal de que el país tomaría un rumbo distinto al resto del mundo por medio de la desmilitarización.
Aunque los ticos ostentamos este increíble logro, pareciera que, si bien desde hace 73 años disfrutamos de una libertad que no puede coaccionarse mediante fuerzas armadas, todavía no sabemos defenderla ni apreciarla.
Esto se nota primero por la forma en que reacciona la población ante la antojadiza y poco transparente manera en que el Gobierno impone restricciones a la libertad ciudadana con el pretexto de la afectación del Covid-19 y cómo algunos parecen aplaudir su sordo autoritarismo.
Además, la Administración de Carlos Alvarado porfía en su intención de aplicar la exigencia en comercios del código QR para probar que se está vacunado contra el virus SARS-CoV-2, directriz de la que las mismas autoridades judiciales ya le dijeron que debía abstenerse porque hay una medida cautelar en los juzgados al respecto.
El hecho de que el gobierno insista en desobedecer y relativizar la ley en este asunto demuestra cómo se corroe la institucionalidad nacional, pues so pretexto de que permitirá laborar a los comerciantes con mayor soltura los obliga a exigir un requisito a todas luces ilegal. Esperamos acciones ejemplarizantes por parte del Poder Judicial.
Pero muchos ciudadanos tampoco ayudan a conservar su propia libertad, pues actúan como si quisieran un régimen militar en Costa Rica, como si creyeran que estar seguros equivale a que cada habitante anduviera vigilado por un soldado para que no vaya a romper las restricciones sanitarias.
También, estos ciudadanos consideran adecuado el que la Administración ande averiguando nuestros hábitos de consumo mediante una herramienta tecnológica cuyos servidores están situados en territorio extranjero, lo cual quebranta las regulaciones nacionales, y no olvidemos que, sin siquiera tener las vacunas para la población, el contrato para poner en marcha los QR ya estaba amarrado. Hay que tener malicia indígena.
Lo más extraño es que son esos mismos ciudadanos quienes temen a los no vacunados (aunque se supone ya debieran estar protegidos) y vociferan en cuanto alguien les dice una opinión distinta a lo que se escucha en los círculos sociales y digitales que frecuentan.
Algunos se han vuelto tan inocentes o le creen tanto al gobierno que hace lo correcto, que incluso llegan al punto de ver con buenos ojos agilizar allanamientos bajo sospecha de que se está violando las medidas anti-coronavirus, muchas de las cuales, y aun cuando el Gobierno se precia de cientificista, no tienen base sólida alguna fuera de un posible cálculo político electorero.
Incluso ahora que las autoridades relajaron restricciones se escuchan y leen comentarios contradictorios en redes sociales que indican cómo es una barbaridad que en x lugar haya tanta gente, pero si de veras quisieran estar recluidos para evitar contagios bien harían con predicar mediante el ejemplo. ¿O entonces cómo es? ¿Que salga yo, pero el vecino se encierre?
Hay que ser cuidadosos y recelosos de las libertades individuales, nunca se sabe cómo pueden usarse los portillos legales en contra de los ciudadanos y ya se han detectado abusos de poder. Eso de que el que nada debe nada teme tampoco puede convertirse en licencia para que las autoridades anden averiguando lo que no tienen que saber.
Por el momento, al menos, el ministro de Salud, Daniel Salas, ha dicho que no planean nuevas medidas arbitrarias. Y conste que no comentamos más sobre la restricción vehicular de 12 a.m. a 5 a.m., porque solo la sostiene la tozudez del Gobierno.
Por otra parte, llegó a manos de DIARIO EXTRA un borrador de proyecto de ley que pretende reformar la Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), No.5524. Según consta en dicho documento, se pretende cambiar los artículos 197, 191, 193 del Código Procesal Penal. Por como está redactada, se pretendería que los policías puedan entrar a las casas de los sospechosos de delitos sin orden de un juez, lo cual es ilegal e improcedente.
Siempre debemos estar ojo al Cristo, más en estos tiempos de leyes hechas para salir del paso o satisfacer turbios intereses que se pasan a golpe de tambor y como quien no quiere la cosa, porque es de esta forma como los gobiernos autoritarios reducen la libertad de sus habitantes.
Quedamos avisados, y bien lo dijo Benjamin Franklin, “aquellos que renunciarían a una libertad esencial para conseguir un poco de seguridad momentánea, no merecen ni libertad ni seguridad”. Es hora de hacer conciencia.
PERIODISTA: Redacción Diario Extra
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Martes 21 Diciembre, 2021
HORA: 12:00 AM
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