Presiones externas y filtración de información. Eso es lo que el Instituto Nacional de Seguros (INS) sospecha pudo ocurrir en el caso vinculado al esposo de la diputada Karine Niño y un contrato millonario.
Es por ese motivo que tomó la decisión de interponer una denuncia ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción para que se averigüe la realidad de los hechos.
Se trata de una contratación por ¢33.000 millones a favor de la empresa UST Equipo Consorcio, donde Christian Garnier Fernández, pareja de Niño, aparece como el encargado.
DIARIO EXTRA dio a conocer que el instituto adjudicó el contrato pese a la relación de Garnier Fernández con la legisladora, dado que la Ley de Contratación Administrativa establece prohibiciones para los cónyuges de los diputados. Estos no pueden participar como oferentes, en forma directa o indirecta.
El INS comunicó que la denuncia penal es sobre la contratación exceptuada N°2021PP-000011-0001000001 denominada “Adquisición de diseño, implementación integral, licenciamiento y soporte de una arquitectura digital basada en plataformas verticales de industria”.
El proyecto se adjudicó el pasado 29 de setiembre y adquirió firmeza el 21 de octubre anterior; sin embargo, el pasado 23 de noviembre el INS tomó la decisión de suspender el contrato, ante la publicación del Periódico del Pueblo.
La aseguradora alega que el proveedor omitió revelar que tenía una prohibición para contratar con la Administración Pública, debido a que uno de sus representantes es esposo de la diputada Niño.
El INS comunicó que inició con la apertura de un procedimiento administrativo ordinario, para determinar la eventual nulidad del proceso de contratación, debido al aparente impedimento. Esto conforme al ordenamiento jurídico costarricense.
“Una vez efectuada la suspensión del contrato se han dado una serie de hechos y acciones, que permiten sospechar de una eventual filtración de información, para lograr presiones externas con objetivos que en apariencia podrían ser irregulares”, indicó el INS.
La denuncia fue firmada por el presidente ejecutivo de la entidad, Gabriel Pérez, el gerente general Luis Fernando Monge y el subgerente a.i. de Transformación Digital, José Arévalo, así como por el director jurídico, William Emilio Fernández.
Este medio también supo que, mediante el oficio número DFOE-DEC-4507 la Contraloría General de la República confirma que se encuentra investigando las presuntas anomalías de este mismo contrato.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
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Lunes 20 de Diciembre, 2021
HORA: 12:00 AM
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