Las autoridades detuvieron al alcalde de Corredores, Carlos Viales, así como a otras dos personas por una investigación en la que enfrentan cargos por el presunto delito de peculado al construir un puente y un camino en favor de una persona a quien aprehendieron hace varios meses por vínculos con narcotráfico.
Las detenciones las realizó el personal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), con dirección funcional de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) de la Región Sur, sede Corredores.
Las autoridades realizaron doce allanamientos y ordenó la detención de las tres personas a quienes investigan por el presunto delito de peculado.
Entre los detenidos figuran el alcalde Viales Fallas, el ingeniero Robert Fernández Masís, jefe de la Unidad Técnica Vial y las Oficinas de Ingeniería y Urbanismo, así como un profesor del Ministerio de Educación Pública (MEP) de apellidos Fernández Sancho.
ALLANAMIENTOS
Las diligencias se realizaron de manera conjunta con el OIJ en doce lugares que incluyen las casas de los tres detenidos, la Municipalidad de Corredores y varias oficinas municipales, así como la propiedad privada donde están el puente y el camino.
La intención de los judiciales era encontrar prueba documental, componentes electrónicos y otros elementos vinculados con los hechos.
La intervención en el municipio incluyó las oficinas de recursos humanos, la dirección administrativa, una bodega de herramientas y equipo, entre otras.
Al finalizar los allanamientos correspondientes al expediente 21-000007-1775-PE, el Ministerio Público tomó la declaración de los imputados para, posteriormente, ponerlos a la orden del Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública.
¿DÁDIVA?
De acuerdo con la Fapta, a los imputados se les vincula con la reparación de un camino privado y la construcción de un puente de vigas en propiedad privada con fondos e insumos municipales.
En la diligencia, las autoridades buscan determinar si los funcionarios públicos recibieron o no una dádiva indebida por dichas construcciones, por parte de una persona de apellidos González Hernández que investiga la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delitos Conexos.
Se trata de un sujeto que descuenta prisión preventiva y quien forma parte del proceso penal a cargo de la Fiscalía Anticorrupción.
DENUNCIA ANÓNIMA
El caso en contra del alcalde Carlos Viales inició con una denuncia anónima donde se le señalaba por aparentemente utilizar recursos públicos en la construcción de un puente que solo lleva a una propiedad privada.
Se trata de la propiedad de 25 hectáreas ubicada en La Cuesta de Corredores, la cual allanaron las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el pasado martes 6 de abril, luego de que se vinculara al propietario del domicilio como el líder de una agrupación dedicada al tráfico internacional de drogas y a la legitimación de capitales.
La denuncia la presentaron el 2 de febrero, de manera anónima, ante la Contraloría General de la República (CGR) y ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
“La democracia de nuestro país es un baluarte invalorable que debemos defender, siendo esa defensa, el precio necesario a pagar por el goce de las libertades y derechos que poseemos, es vital que los costarricenses ajenos a los regímenes opresores, tiránicos y asesinos emprendamos las luchas necesarias, por pequeñas que sean, para combatir los actos que paso a paso encaminan al abismo sin fondo que materializa el abuso de poder en la función pública”, cita el documento, del cual DIARIO EXTRA tiene copia.
COBRA FAVORES
“En la campaña política para la alcaldía de la Municipalidad de Corredores periodo 2020-2024, el señor Darwin González, vecino de la Palma, La Cuesta, Corredores, persona a quien solo se le conoció trabajó por dos años como chofer de taxi, hace unos 20 años, posteriormente se retiró y no trabajó más, sin embargo, de manera inexplicable su fortuna crece exponencialmente, muchos afirman que se ganó la lotería, que posee una increíble mente para los negocios y hasta popularmente se afirma es narcotraficante, lo cierto es que no se sabe cómo amasa tanto dinero”, continua la denuncia.
En apariencia, González Hernández, supuesto líder de la banda narco de la Zona Sur, colaboró en las campañas municipal y nacional, posteriormente “cobró el favor”, primero con la intención de que se impulsara la planta embotelladora de agua ubicada en Río Bonito. Para ello, presuntamente, pidió a la Municipalidad de Corredores que reparara un camino en una propiedad privada.
“Así las cosas, para el año 2019, el señor alcalde ordenó la reparación del camino en la Finca de Río Nuevo, de don Darwin, con maquinaria de una contratación en curso a la empresa SOFI CANOAS, esta subcontrató la empresa del señor Allan Corrales Zúñiga, vecino de Conte, Golfito; luego, al momento del cobro, la ingeniera Priscilla Jiménez Duarte se enteró de lo sucedido y no tramitó el pago, sin embargo, se conoce que el trabajo por un costo de ¢1.835.244 correspondiente a la factura 6934 de Sofi Canoas fue autorizada por algún funcionario municipal y se pagó”, cita la denuncia.
En el documento, se explica que el señor Allan Corrales laboró en el proyecto como subcontratista debido a que prestó los servicios de maquinaria, pues la empresa contratista Sofi Canoas usó la contratación por alquiler de maquinaria por mantenimiento de caminos de Corredores, lo cual se incluye en el contrato número 2018LA-000010-MC.
EL PUENTE
La denuncia anónima, que se respalda por los testimonios e imágenes captadas por los vecinos, quienes pidieron no ser identificados por temor a represalias contra ellos y sus familias, señala que, tras obtener el camino, González Hernández pidió que se arreglara un puente dentro de su propiedad.
“Solicita al señor Viales que le arregle el puente dentro de su propiedad; para hacerlo el señor alcalde neutralizó a la ingeniera Priscilla Jiménez Duarte, titular a cargo de la UTGVM, y al ingeniero Walfrido Iglesias Borrero, quien tiene a cargo la parte de inspección municipal de construcciones, mediante la imposición como Jefatura del ingeniero Robert Fernández Masis, ello lo hizo sin que existiera motivación o justificación alguna, tanto materiales como mano de obra municipal se invirtieron en dicho puente”, acotaron los denunciantes.
Los vecinos documentaron la situación luego de ver que constantemente, en la propiedad privada, había visitas de funcionarios municipales y trabajos que se realizaban con secretismo.
En apariencia, la construcción de esta obra, en la que, presuntamente se usaron fondos públicos de la municipalidad, asciende a ¢75 millones. Además, se habría ocasionado un daño al manto acuífero al cortar árboles pues la propiedad es parte de una reserva del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
PERIODISTA: Sharon Cascante Lizano
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Miércoles 15 de Diciembre, 2021
HORA: 12:00 AM
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