El polémico proyecto de ley sobre empleo público deberá esperar hasta enero del 2022.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) presentó una consulta facultativa de constitucionalidad ante la Sala IV sobre el expediente 21.336, de dicho proyecto.
El documento remitido señala que el texto de ley recientemente aprobado por la Asamblea Legislativa, tiene trece artículos que “se apartan de los derechos de la Constitución respecto a las competencias de la Corte Suprema de Justicia”.
OBJECIONES
De acuerdo con los Magistrados, el expediente incide en materia de regulación, ordenamiento, dirección y control de la relación de empleo de los servidores judiciales al trasladar parcialmente sus competencias al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), órgano del Poder Ejecutivo.
Del mismo modo, consideran que se afectaría la fijación de las políticas salariales de los trabajadores del Poder Judicial, además de la protección, independencia e imparcialidad de los jueces, pues transfiere amplias competencias de dicho órgano constitucional a la Dirección General de Servicio Civil.
“Podría estarse afectando las competencias constitucionales exclusivas y excluyentes de la Corte Suprema de Justicia, respecto del gobierno del Poder Judicial, con serias consecuencias en nuestro sistema institucional y en la distribución de Poderes, en tanto que al estarse eliminando competencias de gobierno de la Corte Suprema de Justicia y trasladándolas parcialmente al Mideplan podría estarse planteando una regresión de la independencia de poderes al potencializar las competencias del Poder Ejecutivo, debilitando las garantías de protección de la independencia judicial (…)”, consideran.
DIPUTADOS
Por su parte, trece diputados de distintas bancadas hicieron una segunda consulta sobre el mismo texto de ley.
De acuerdo con los legisladores, la Comisión de Consultas de Constitucionalidad se extralimitó en sus facultades al conocer, reformar, suprimir y adicionar aspectos no analizados por la Sala en la Resolución 2021-17098, lo que generó vicios sustanciales de procedimiento que devienen en violaciones al derecho de enmienda, de participación democrática y del principio democrático, específicamente en las modificaciones y supresiones propuestas a catorce artículos del proyecto.
La consulta fue realizada por los diputados del PUSC Pedro Muñoz, Pablo Heriberto Abarca, Óscar Cascante, María Inés Solís y José María Guevara; Walter Muñoz y Patricia Villegas, del PIN; Melvin Ángel Núñez Piña, de Restauración Nacional; José María Villalta, del Frente Amplio; y los independientes Paola Vega, Shirley Díaz, Dragos Dolanescu y Erick Rodríguez Steller.
“Tendremos que esperar que la Asamblea resuelva. Por más que yo quiera pensarlo distinto, este proyecto será para el 2022. Recordemos que la Sala Constitucional tendrá hasta 30 días hábiles para resolver y también viene el receso navideño. Esto quedará para enero”, dijo la presidenta del Congreso, Silvia Hernández.
PERIODISTA: Aarón Chinchilla Carvajal
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Jueves 09 de Diciembre, 2021
HORA: 12:00 AM
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