Los diputados que votaron en contra del proyecto Ley Marco de Empleo Público anunciaron que enviarán una consulta de constitucionalidad sobre el expediente 21.336.
De acuerdo con los legisladores, el procedimiento llevado en la Comisión de Consultas de Constitucionalidad además de haber incluido nuevos elementos al texto de ley, vicia el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo.
Al enviarse el texto a una nueva consulta, el trámite de ley se frenaría hasta enero del 2022.
“Ese proyecto fue aprobado con vicios de procedimiento. Se modificó el texto en comisión. Ese órgano legislativo se atribuyó a hacer reformas al texto de ley y no se consideraron algunas consultas que nosotros sugerimos al Plenario, como lo es al Consejo Nacional de Producción, Corte Suprema de Justicia y la ANEP”, explicó Walter Muñoz, diputado del Partido Integración Nacional (PIN).
“Previo a una elección nacional, están tocando al Tribunal Supremo de Elecciones. Visto todo eso, la consulta será enviada con las firmas de los diputados del PIN, José María Villalta, Paola Vega, Shirley Díaz, Pedro Muñoz, Pablo Heriberto Abarca y otros del PUSC. Estoy seguro de que otros darán sus firmas para consultar ante Sala Constitucional”, agregó Muñoz.
Cabe recordar que Corte Plena anunció que remitirá una segunda consulta sobre el fondo del proyecto de ley.
“Si tenemos que ir a la Sala Constitucional, lo haremos. Si tenemos que movilizar gente en diciembre y en enero, lo haremos. Respaldamos a los diputados que mandarán esta consulta a Sala IV. Este proyecto antojadizo se mete en el salario único, elimina el servicio civil y, además, elimina la carrera profesional. Afectará los concursos de los trabajadores del sector público. Esperamos que se atrase la aprobación de este proyecto”, dijo Gilberto Cascante, presidente de la Asociación Nacional de Educadores (Ande).
“El proyecto atenta contra la autonomía universitaria estatal. Nosotros no somos una República independiente como dicen algunos. Este proyecto viola la libertad de cátedra, afecta a los sectores sociales, interviene a los tres poderes de la República y Mideplan tiene injerencia en las decisiones de las instituciones. Eso es muy preocupante y nos impacta de forma directa. Precariza nuestras condiciones salariales”, concluyó Rosemary Gómez Ulate, secretaria general del Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (Sindeu).
PERIODISTA: Aarón Chinchilla Carvajal
EMAIL: [email protected]
Miércoles 08 de Diciembre, 2021
HORA: 12:00 AM
SIGUIENTE NOTICIA