El proyecto de Empleo Público aún está lejos de convertirse en ley de la República.
Lo anterior debido a que el diputado del Partido de Integración Nacional (PIN), Walter Muñoz, advirtió una serie de acciones que se estarían planteando respecto al texto de ley en caso de que avance en Cuesta de Moras.
Una de ellas sería presentar una moción para que el expediente 21.336 sea consultado a distintas organizaciones sindicales, tales como la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), el Sindicato de Trabajadores Judiciales y el Consejo Nacional de Producción (CNP).
“Mi objetivo es que se consulte a los sindicatos judiciales afectados y al CNP. El procedimiento de la Comisión no fue el correcto: hicieron cambios en el texto que no fueron aprobados por el Plenario. No se hicieron las consultas respectivas y aún se señalan inconstitucionalidades, no solamente por algunos expertos, sino también por parte de la Procuraduría General de la República. Este proyecto no debe ir porque se hicieron una serie de cambios”, dijo Muñoz.
Dicha moción será presentada este jueves en el Plenario legislativo.
PLAN B
En caso de que la propuesta sea rechazada, el legislador tiene un plan B: que el polémico proyecto sea nuevamente consultado ante la Sala Constitucional.
“Hay que entender que la consulta facultativa va. Tiene los votos. Ya tenemos la consulta elaborada. Este proyecto es una amenaza para la democracia costarricense y contra la Constitución Política. Mal haríamos en seguir viendo este texto sin ver esas falencias. Este proyecto no debe seguir su trámite”, acotó.
“Se está gastando un procedimiento legislativo violentando a la Constitución. Se está violentando el reglamento legislativo. Este proyecto tiene decenas de defectos y no corrige el gasto público ni la eficiencia del empleado público. Viene a crear más problemas que soluciones porque no toca los salarios ni pensiones de lujo”, agregó.
De acuerdo con Muñoz, el procedimiento podría generar hasta un eventual enfrentamiento con normas supraconstitucionales del sistema interamericano de derechos humanos, en cuanto al principio de independencia judicial e incluso podría ser objeto de cuestionamiento a nivel internacional en estrados supranacionales.
“No se entró a conocer la argumentación en la consulta de constitucionalidad de un poder de la República como lo es el Poder Judicial y ante la eventualidad de una futura aprobación en primer debate de este proyecto legislativo”, explicó.
CRÍTICAS VARIAS
Los cuestionamientos de los diputados se suman a los emitidos por los magistrados de Corte Plena, Universidad de Costa Rica (UCR) y distintos sectores gremiales.
“Hay temas que no fueron objeto de consulta legislativa, ni parte del pronunciamiento de la Sala Constitucional, que vician el procedimiento seguido en este caso, tesis que es recogida por los informes del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa y que advierten del riesgo en el que se está incurriendo sobre la conformación de un vicio esencial de procedimiento, que daría al traste con esta reforma legal, al afectar los principios de enmienda y discusión”, finalizó.
¿QUÉ PLANTEA EL PROYECTO?
•El proyecto Ley de Empleo Público propone crear un solo régimen de empleo y ocho familias salariales. Una columna salarial será la base para establecer los salarios globales en las diferentes familias y se aplicaría a todos los empleados nuevos que ingresen al sector público una vez aprobada la ley.
•Para definir la política salarial de cada año, se considerarían los fondos públicos disponibles y mantener las remuneraciones competitivas con respecto al sector privado.
•Asimismo, se congela por doce años el aumento de las remuneraciones para los funcionarios que disfrutan un sueldo por encima del salario global.
•Tal situación aplicaría un freno sobre los pluses salariales.
•Se frenarían incentivos económicos a empleados públicos; en contraparte, propone incentivos no salariales a las personas con mejor desempeño.
PERIODISTA: Aarón Chinchilla Carvajal
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Jueves 02 de Diciembre, 2021
HORA: 12:00 AM
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