Escándalos mega-mecos y otros aspectos

Osvaldo Corrales Jiménez

El destape del caso Cochinilla hace unos meses estremeció al país al ponerse en evidencia uno de los escándalos de corrupción más grandes de nuestra historia. Noviembre del 2021 ha sido otro momento en el cual tras la operación “Diamante” se detuvo a varios alcaldes y otras personas al parecer involucradas en una serie de beneficios a favor de la empresa constructora MECO.

Pero eso apenas puede ser la punta del iceberg, pues desde hace un tiempo andan rumores de que otros alcaldes han recibido casas, apartamentos y lotes a cambio de aprobar o influir en la estructura municipal, para luego favorecer a empresas urbanizadoras, pese a que en algunos cantones existen programas reguladores o de ordenamiento urbano, que no se deben violar.

Ante ese tipo de cosas, las autoridades del OIJ tienen mucho trabajo para el futuro, pues tarde o temprano de descubrirán más “chorizos” en este tipo de cosas. O sea, la corrupción pública ha tomado dimensiones gigantescas, que al final afectan las finanzas del Estado y que en parte influyen sobre la crisis fiscal. A esta clase de hechos merece denominarse escándalos tipo mega meco, como una forma sinónima del descalabro que vive este país.

Se avecinan las elecciones presidenciales del 2022, y como sabemos estas situaciones de corrupción a menudo involucran importantes líderes políticos y altos jerarcas del Gobierno, entonces ahora como nunca el electorado no tiene seguridad de poder elegir a un grupo político que sea honesto y capaz de sacar a flote a Costa Rica. Pese a esa gran realidad, una vez más el Tribunal Supremo de Elecciones ha puesto en varios medios de prensa y comunicación varios anuncios para invitar al pueblo a ejercer el voto. Lo malo de esos anuncios es que van cargados de frases o mensajes demagógicos, sin importar de verdad la pureza o ética de la política nacional.

Retomando los hechos que rodean por ejemplo a las empresas Meco y H. Solís, así como al MOPT y municipalidades, la verdad es que los procesos judiciales al parecer se llevarán años para poder determinar sentencias, otra cosa, en caso de que pesen verdaderas condenas sobre esas empresas, el Gobierno debiera gozar de una ley que le permita confiscarlas en pleno, como forma de al menos tener cierto resarcimiento ante los daños morales, éticos y económicos que ha sufrido el Estado. Otra cosa, hace un tiempo, algunos funcionarios de Meco, evidenciaron la molestia de que el MOPT no les quiere tomar en cuenta para nuevas licitaciones de mejora de carreteras, y adujeron que sus empresas cuentan con la capacidad financiera y de operación (entendamos que técnica y logística) para desarrollar obras infraestructurales. (En https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/463719/meco-exige-participar-en-contratos-viales). Vaya cinismo de esos jerarcas de tal empresa constructora, pues de nada vale que tengan esa capacidad, si por otra parte no tienen autoridad moral, dado el caso Cochinilla que los implica.

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

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Jueves 18 Noviembre, 2021

HORA: 12:00 AM