Washington. (AFP)- Estados Unidos impuso sanciones a la fiscalía y a varios altos cargos gubernamentales en Nicaragua en respuesta “a la farsa electoral” y como "mensaje inequívoco" para el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo.
El departamento del Tesoro anunció sanciones contra el Ministerio Público y nueve altos cargos del gobierno, entre ellos el ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell Castrillo, y varios alcaldes, a los que acusa de estar implicados en la represión de manifestaciones pacíficas en 2018.
Las sanciones son en represalia por "la farsa de elecciones nacionales orquestadas" por Ortega y Murillo y van dirigidas "contra quienes están reprimiendo a los nicaragüenses por ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales", señala el Tesoro en un comunicado.
En el poder desde 2007, Ortega obtuvo el 7 de noviembre un cuarto mandato consecutivo en unos comicios en los que no tuvo rivales de peso, debido a que siete aspirantes presidenciales de la oposición fueron detenidos y tres de sus partidos ilegalizados.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro estadounidense acusa al Ministerio Público (fiscalía) de haber "arrestado e investigado injustamente a candidatos presidenciales y de haberles impedido postularse para cargos públicos, socavando así la democracia en Nicaragua".
Estados Unidos lo sanciona por "ser responsable o cómplice o por haber participado o intentado participar directa o indirectamente en acciones o políticas que atentan contra los procesos o instituciones democráticos".
Cita concretamente la descalificación de la opositora Cristiana Chamorro.
Además le sanciona por haber abierto investigaciones o presentado cargos contra los principales aspirantes presidenciales Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora, todos ellos detenidos desde junio, así como por el arresto de casi 40 personas desde mayo, entre ellos líderes de la sociedad civil y del sector privado, estudiantes y periodistas.
Las nuevas medidas se suman a las sanciones impuestas en 2019 por el gobierno del expresidente estadounidense Donald Trump a altos funcionarios nicaragüenses, incluyendo a Murillo, tres de los hijos de Ortega y la policía por actos de corrupción y violación de derechos humanos.
Igualmente, este año su sucesor Joe Biden ya ordenó sanciones financieras contra otros funcionarios, y prohibió el ingreso al país de más de un centenar de legislativos, fiscales y jueces de Nicaragua y sus familiares.
Biden calificó de farsa los comicios del 7 de noviembre y el secretario de Estado, Antony Blinken, ya había advertido que se estaba considerando la imposición de nuevas sanciones.
Estados Unidos estima que los comicios no fueron democráticos argumentando que el encarcelamiento de los opositores y el bloqueo de la participación de partidos políticos manipularon el resultado mucho antes de la jornada electoral.
"El régimen de Ortega está usando leyes e instituciones para detener a miembros de la oposición política y privar a los nicaragüenses del derecho al voto", declara Andrea M. Gacki, directora de la OFAC.
Estados Unidos envía "un mensaje inequívoco al presidente Ortega, a la vicepresidenta Murillo y a su círculo más estrecho de que apoyamos al pueblo nicaragüense en sus llamados a la reforma y al retorno a la democracia", añade.
Las nuevas medidas de castigo implican el bloqueo de todas las propiedades y posibles haberes de estas personas en Estados Unidos.
PERIODISTA: Redacción Diario Extra
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Martes 16 de Noviembre, 2021
HORA: 12:00 AM
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