Una finca con un valor fiscal de ¢15.000, un terreno de ¢864.000 y un carro de ¢5,1 millones. Eso es todo lo que encontró el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a Rosyrenen Rodríguez Rodríguez, señalada como la supuesta testaferro del caso Infocoop.
La exrepresentante de la organización Onward Costa Rica fue una de las seis personas detenidas tras los 18 allanamientos realizados aquel histórico 28 de marzo de 2017, día que sacudió a todo el movimiento cooperativo.
Se trató de un operativo liderado por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción en el que se anunciaba al país la existencia de una presunta red criminal cooperativa.
De Rodríguez Rodríguez se dijo que habría desempeñado el papel de la testaferro del supuesto cabecilla de esta red, el expresidente del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, Freddy González.
Sin embargo, a cuatro años del escándalo es el mismo fiscal a cargo de la causa, Randy Hernández, quién solicita el sobreseimiento definitivo contra Rodríguez Rodríguez por el delito de peculado.
El documento elaborado por la Fiscalía señala que en la presente investigación no se logró determinar que alguno de esos bienes tuviera relación directa con los delitos de corrupción que se presumían.
“En otro orden de ideas, la prueba recabada, permite al Ministerio Público descartar que la investigada Rosyrenen Rodríguez sostuviera un vínculo con los hechos y las personas que se investigan en la sumaria 16-000046-1218-PE, mientras que sobre los hechos relacionados con las capacitaciones brindadas por Onward, los elementos de prueba han resultado insuficientes para acreditar la sustracción de fondos públicos, mediante un ardid orquestado por la investigada en contubernio con funcionarios del Infocoop, la CPCA (Cooperativa Permanente de Autogestión) o Conacoop (Consejo Nacional de Cooperativas)”, indica el informe redactado por el fiscal a cargo.
Agrega que “en virtud de que la prueba recopilada en la presente investigación no ha sido suficiente para superar el estado de la duda y, por lo tanto, derribar el estado de inocencia que es garantía de todas las personas imputadas en un proceso penal, en razón del deber de objetividad que rige las funciones del Ministerio Público, según lo establecido en el artículo 63 del Código Procesal Penal, resultando necesario resolver la situación jurídica de la investigada se solicita el sobreseimiento definitivo”.
“LA FISCALÍA FUE INDUCIDA A ERROR”
Al respecto, Rodríguez Rodríguez manifestó que tuvo que defenderse de acusaciones anónimas y falsas. “Jamás pensé que tanta maldad podría motivar a un grupo de personas en conflicto a mentir sin ningún reparo, ni prueba alguna. Se pudo establecer en la investigación que la fiscalía fue inducida a error, y que los testigos que mintieron en esta causa formaban parte de un movimiento cooperativo en pugna y que habían sido removidos de sus cargos por actuación contrarias a la Ley”, manifestó.
La estudiante de derecho asegura que se siente satisfecha porque la verdad salió a la luz y espera lograr los objetivos que dejó pendientes al tener que afrontar este proceso legal.
Explicó que Onward Internacional lo que pretendía era que los dirigentes de los sectores sociales fueran capacitados al más alto nivel, dándoles las herramientas y posibilidades reales de conocer prácticas privadas y públicas en Latinoamérica, proyecto que posteriormente se gestaría con Onward Perú.
La tesis de la Fiscalía era que Rodríguez Rodríguez se había asociado con personas del sector cooperativo, especialmente del Infocoop, la CPCA y el Conacoop, para obtener fondos ilícitamente, algo que no pudo probarse.
En alguna audiencia, incluso se mencionó que tenía cuentas en el exterior donde se había depositado el dinero y que se requeriría de ayuda de la policía internacional para resolver el caso.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
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Lunes 15 de Noviembre, 2021
HORA: 12:00 AM
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