Diario Extra - Recompensarían por denunciar corrupción

Una propuesta de ley busca otorgar “recompensas económicas” a quienes denuncien actos de corrupción y de enriquecimiento ilícito en la función pública.
La iniciativa fue planteada por Eduardo Cruickshank, diputado de Restauración Nacional (PRN).
El proyecto, tramitado bajo el expediente 22.772, pretende autorizar a las entidades públicas a otorgar beneficios monetarios a los funcionarios, medios de comunicación y ciudadanos que “denuncien de buena fe, de manera sustentada y fundamentada cualquier tipo de delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito en la función pública”.
Las denuncias que se estarían “premiando” serían las vinculadas con delitos al deber de probidad, cohecho, enriquecimiento ilícito, legislación o administración en provecho propio, sobreprecio irregular, falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados, pago irregular de contratos administrativos, tráfico de influencias, soborno trasnacional o el reconocimiento ilegal de beneficios laborales, entre otros.
“Uno de los elementos que más favorecen la impunidad es la negativa de las personas a denunciar y este proyecto busca que los ciudadanos no se queden callados cuando tengan información y pruebas que permitan identificar actos de corrupción. Países como Chile, Perú y Estados Unidos tienen legislación como esta que estoy proponiendo, que estimulan la denuncia y protegen al denunciante”, sostiene el legislador.
Asimismo, aplicará para delitos cometidos contra los deberes de la función pública, contenidos en el Código Penal, como lo son el abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, requerimiento de fuerza contra actos ilegítimos, abandono del cargo, incitación al abandono colectivo de funciones públicas, nombramientos ilegales, cohecho, corrupción agravada, aceptación, ofrecimiento u otorgamiento de dádivas, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles, la concusión, la exacción ilegal, el prevaricato, el peculado o la malversación, entre otros.

¿DE CUÁNTO ES EL PAGO?

La propuesta no señala cuánto sería la cantidad que se le estaría “recompensando” a los denunciantes.
Según Cruickshank, determinar el monto resulta difícil, por lo que la Contraloría General de la República (CGR) y la Procuraduría General de la República (PGR), en su condición de abogado del Estado, tendrían que definir el monto máximo a entregar a la persona denunciante.
“(Lo anterior) siempre que se evite un perjuicio a los fondos públicos o se condene a una persona y se le cobren los daños causados a la Administración Pública (...) Contaremos con un mecanismo flexible y casuístico que permita a las personas y a las entidades mencionadas negociar la cifra como recompensa, sin poner en peligro la estabilidad de las finanzas públicas, pero tomando en cuenta que su colaboración fue fundamental para evitar una afectación mayor al erario público que, de haberse llevado a cabo o de quedar impune, iría en detrimento de las finanzas del Estado”, plantea.
Asimismo, se dispone que debe garantizarse la confidencialidad de la persona denunciante para evitar que exista cualquier tipo de represalia por su actuación.

CASTIGO POR FALSAS DENUNCIAS

Finalmente, el texto de ley señala que la persona que denuncie de manera maliciosa sin pruebas ni fundamentos, simule evidencias o brinde información falsa será castigada con una multa de tres salarios base.
“Para asegurar un debido equilibrio y evitar que, por otro lado, proliferen denuncias de mala fe, esta iniciativa contempla la imposición de una multa de ¢1,4 millones contra quien presente denuncias sin pruebas”, dijo el limonense.
“La multa se elevaría a seis salarios base (cerca de ¢2,8 millones) cuando la conducta sea reincidente”, concluyó.