Ante los constantes casos que trascienden en la prensa relacionados con presunta legitimación de capitales, el economista Jorge Benavides considera que las autoridades deberían incitar a los bancos y otras entidades financieras a tomar acciones que hagan la diferencia.
De acuerdo con el experto, el control bancario no es el ideal para evitar el lavado de dinero en Costa Rica. “Existe en el país una red de lavado de dinero que ni siquiera los mismos bancos han podido detectar”, señaló.
En su criterio, las estrategias del sistema financiero nacional para descubrir movimientos sospechosos son obsoletas y no están funcionando, por lo que asegura es el momento de tomar acciones más concretas porque los bancos no están apoyando al Poder Judicial.
El economista manifestó como otro gran problema la permeabilidad del Estado costarricense en materia de corrupción, debido a que solo este año se han presentado dos grandes casos que incluyen la participación y complicidad de funcionarios públicos para legitimar capitales.
Uno de ellos se reportó cuando agentes judiciales encontraron ¢1.513 millones en efectivo en una lujosa casa en Escazú. Este dinero se supone pertenecía a una supuesta banda que adquirió un motel para blanquear el dinero. En este caso se incluyó a dos agentes judiciales como sospechosos de brindarle al grupo información sensible.
El más reciente fue el caso Azteca, el cual contó con la supuesta participación de 14 funcionarios del AyA y una de un banco estatal. El grupo criminal utilizaba dinero ligado al narcotráfico para ganar licitaciones con el AyA, de esta manera lavaban los recursos.
“Tenemos un gran problema de ética en la función pública. Los grupos criminales permean el Estado comprando conciencias. Reportar transacciones mayores a $10 mil no es suficiente, necesitamos más controles”, agregó Benavides.
Un informe de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos del Departamento de Estado de los Estados Unidos señaló enormes deficiencias en la legislación costarricense para combatir la corrupción y el lavado de dinero.
La principal observación que se hace sobre Costa Rica es no contar con una ley que permita decomisar dineros y activos vinculados al crimen organizado.
Solo en los dos primeros meses del 2021, un total de 14 entidades bancarias reportaron movimientos de efectivo sospechosos por $2.400 millones, no obstante, los procesos judiciales no tienen conclusiones efectivas.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
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Viernes 12 de Noviembre, 2021
HORA: 12:00 AM
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