La Sala Constitucional tendría bajo valoración 11 artículos de la Convención Colectiva del Banco Nacional. Se refieren a ayudas que se les da a los colaboradores más antiguos por fechas especiales y otro tipo de incentivos salariales.
Este es el caso de los artículos 44, 45 y 46 a través de los cuales la entidad otorga contribuciones especiales para cubrir los gastos por sepelio, subvención matrimonial y por nacimiento de cada hijo o adopción e incentivos para estudios universitarios.
Los aportes por parte del banco van desde los ¢150.000 hasta los ¢400.000, según sea la ocasión, según se desprende del documento.
Además, se busca impugnar los artículos 34, 37, los cuales se encuentra sometidos a arbitraje, y el 48, 57, 58, 60, 68 y 69. Todo esto se cursa bajo la acción 18-016960-0007-CO, es decir que tiene más de tres años bajo estudio.
También se está cuestionando el sistema de clasificación y valoración de puestos en el cual hay un compromiso de capacitación y formación por parte del Nacional.
De acuerdo con el accionante, hay pluses salariales que, a su parecer, constituyen un uso abusivo de fondos públicos que conculca los principios constitucionales de razonabilidad, economía y eficiencia al establecer un privilegio injustificado. No obstante, el sindicato aduce que son acuerdos legales y que fueron ratificados por la administración.
Entretanto, la legitimación del accionante proviene del artículo 75, párrafo segundo de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en tanto acude al Tribunal Constitucional en la búsqueda de la protección de fondos públicos.
Recientemente se informó que, tres años después de que el Gobierno ordenara a la Procuraduría General de la República interponer acciones de inconstitucionalidad contra cláusulas presuntamente abusivas de la convención colectiva del Banco Popular, la Sala Constitucional acogió, parcialmente, tales recursos. Las cláusulas tenían que ver con beneficios ligados a aumentos de cesantía, salario completo en incapacidades, pago de viáticos y transportes a los sindicalistas, entre otros.
La exministra de Hacienda, Rocío Aguilar, había solicitado a las instituciones del Gobierno central renegociar todos los acuerdos institucionales con los sindicatos, mediante la directriz número 009-H, para “garantizar el uso racional de los recursos de la Hacienda Pública y el debido respeto de los derechos laborales”.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
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Jueves 11 de Noviembre, 2021
HORA: 12:00 AM
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