La Iglesia católica se enfrentó a los denunciantes del exsacerdote Mauricio Víquez en una audiencia preliminar desarrollada en el Tribunal Civil del I Circuito Judicial de San José.
En dicha audiencia, tres de los denunciantes reclamaron ¢100 millones cada uno por daños y perjuicios, los cuales deberían ser asumidos por la autoridad eclesial, según lo demandado.
En apariencia, Víquez abusó sexualmente de las tres víctimas entre 1993 y 2003, cuando todas eran menores de edad.
La demanda civil se giró contra la Iglesia y la Conferencia Episcopal bajo la figura de José Rafael Quirós, arzobispo de San José.
“Se llevó a cabo en la sala de audiencia del Tribunal Colegiado Civil del Primer Circuito Judicial de San José la primera audiencia preliminar en el juicio en contra de la Iglesia católica. Este caso fue una demanda presentada por uno de los muchachos abusados, de apellidos Muñoz Quirós, en contra de Temporalidades de la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal y monseñor Quirós Quirós, por el daño ocasionado por la complicidad de la Iglesia católica por lo actuado precisamente por el padre Víquez Lizano”, explicó Rodolfo Alvarado, abogado de las víctimas.
El licenciado añadió que en la audiencia preliminar conocieron las excepciones presentadas por la Iglesia, las cuales contestaron desde la representación legal de las víctimas.
“La responsabilidad que tiene la Iglesia católica emana precisamente de que es el órgano jerárquico superior a los sacerdotes, es la que los nombra en las diferentes parroquias, y la responsabilidad de los actos civiles que ellos cometan en el ejercicio de sus funciones y sobre todo en bienes propios de la Iglesia católica”, acotó.
Para Alvarado la Iglesia debe tratar de manera transparente este tipo de situaciones, tal como lo ha pedido el papa Francisco.
RECHAZAN ACCIÓN
En la Conferencia Episcopal rechazaron la acción emprendida por los denunciantes del excura Víquez Lizano y confirmaron que sus representantes legales estuvieron en la audiencia preliminar dentro del juicio del resarcimiento ante el Tribunal Civil Colegiado de Primera Instancia Civil.
“Es importante aclarar que, en el expediente judicial, hemos refutado la veracidad de los hechos en que pretenden fundamentar la responsabilidad civil de los demandados y debe quedar claro que será el tribunal en sentencia quien definirá la verdad”, indicaron.
Añadieron que, en la vía penal, las causas de los demandantes se declararon prescritas.
En la Conferencia Episcopal insistieron en que por tratarse de un caso en proceso no consideran correcto ni oportuno referirse al fondo, por lo cual recalcaron que no darán más declaraciones.
“Confiamos plenamente en la actuación de las autoridades civiles en aras del esclarecimiento de este caso para bien de todos, con fundamento en la verdad”, finalizaron.
PERIODISTA: Sharon Cascante Lizano
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Sábado 06 de Noviembre, 2021
HORA: 12:00 AM