Diario Extra - Cementazo-Banco Popular a juicio

Un grupo de nueve personas, entre empresarios y funcionarios públicos, irá a juicio por el caso del “Cemento chino – Banco Popular” luego de que el Juzgado Penal de Hacienda así lo determinara.
Se trata del resultado de la audiencia preliminar que se realizó en setiembre anterior y en la que la Unidad Especializada de la Fiscalía General hizo la solicitud de apertura a juicio.
Esto significa que ahora el expediente número 17-000015-0033-PE pasará al Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública para que este órgano señale la fecha de inicio del contradictorio.
De acuerdo con la investigación, los acusados habrían dirigido acciones tendientes a lesionar los intereses patrimoniales de la Hacienda y del interés público.
Según el ente fiscal, esto lo habrían hecho a través de la apertura de una línea crediticia otorgada a la empresa Inversiones e Inmobiliaria del Grupo JCB para importar y comercializar cemento chino.
Presuntamente, los funcionarios públicos acusados se encargaron de analizar y recomendar este producto financiero, pese a que, en apariencia, conocían que dicha empresa no tenía la capacidad suficiente para atender las obligaciones de pago.
Según el Ministerio Público, también se determinó que no se importó cemento con el dinero producto del crédito desembolsado por parte del Banco Popular.

IMPUTADOS

En la lista figuran Juan Carlos Bolaños Rojas, su esposa Ana Laura Suárez Aguiar, Javier Rojas Segura y Mario Cortés Zúñiga, gerente general y gerente financiero del Grupo JCB, respectivamente.
También se acusa a los funcionarios del Banco Popular Allan Bogantes Brenes, oficial de servicios y operaciones bancarias; Kendall Gómez Barrantes, ejecutivo de negocios; José Thompson Camacho, ejecutivo de negocios; Rigoberto Delgado Negrini, jefe de división; y Adolfo Arias Silesky, ejecutivo bancario.
La investigación de las autoridades les permitió concluir que, presuntamente, los funcionarios públicos Bogantes y Gómez, en conjunto con el empresario Juan Carlos Bolaños, habrían acordado ser socios comerciales en la venta de cemento importado de la República Popular de China. Esto mientras se tramitaba el análisis y aprobación del crédito bancario.

DAÑO SOCIAL

La Procuraduría de la Ética Pública se apersonó al proceso que se investiga por el delito de influencia contra la Hacienda Pública, como víctima de domicilio conocido.
En esa línea interpuso una acción civil resarcitoria en la que cobran el daño social por los hechos de corrupción.
El monto se estimó en ¢138.950.467.697,34 (ciento treinta y ocho mil novecientos cincuenta millones cuatrocientos sesenta y siete mil seiscientos noventa y siete colones con treinta y cuatro céntimos).
El experto explicó que el daño social se les cobraría a todos los imputados de manera solidaria.

DEMANDADOS CIVILES

Además de los nueve demandados por la Procuraduría de la Ética Pública, se señaló a varias empresas como demandados civiles solidariamente responsables.
Se trata de Inversiones e Inmobiliaria del Grupo JCB S.A., JCB Constructora y Alquiler S.A., JCB Distribuidora S.A. y Sinocem Costa Rica S.A.

ACUSACIÓN

De acuerdo con la acusación, el uso de información falsa y el contubernio con funcionarios del Banco Popular le habría permitido a Bolaños Rojas la obtención de $13.455.096.
“De común acuerdo con los últimos (los funcionarios mencionados anteriormente) dirigieron acciones tendientes a lesionar los intereses patrimoniales de la Hacienda e interés público, a través de la apertura de una línea de crédito de uso múltiple que solicitaría Inversiones e Inmobiliaria del Grupo JCB para importar y comercializar cemento chino; mismo que los funcionarios públicos acusados analizarían y recomendarían a sabiendas de que la capacidad de pago de la deudora era insuficiente para atender sus obligaciones actuales y futuras”, se lee en el documento.
La investigación reveló que el caso empezó el 1 de julio de 2015, cuando el entonces gerente general del Grupo JCB, Javier Rojas, acudió a la oficina del Banco Popular en Paseo Colón para solicitar un crédito de $5 millones.
“Sin precisar fecha, en setiembre de 2015, Allan Bogantes Brenes y Kendall Gómez Barrantes, contrario a sus deberes de probidad y funciones imparciales en pro de los intereses patrimoniales del Banco Popular, iniciaron negociaciones con el acusado Juan Carlos Bolaños con la finalidad de aliarse y convertirse en socios comerciales, propiamente para ser distribuidores de cemento chino importado por parte de Bolaños Rojas, evidenciando un interés directo sobre el financiamiento del Banco Popular para la importación de esta mercancía”, añade la acusación.