Corporativismo estatal en contra del consumidor costarricense

Opinión

El día cinco de octubre, mediante la noticia denominada “Arroceros tendrán mayor acceso a crédito”, en este mismo diario se publicó que Conarroz tendría el control sobre fondos de banca para el desarrollo para financiar a los arroceros, asumiendo la misma Conarroz el riesgo crediticio de la situación de sus asociados. Unos meses antes de esto, la Dirección de Investigaciones Económicas y Mercados acusó al MEIC de la dilación innecesaria para la apertura del mercado del arroz en contra de los consumidores.

Esto es una de las situaciones más riesgosas que podemos aceptar dentro del sistema de banca para el desarrollo, el sector arrocero es constantemente beneficiado con amnistías, protección de precios de venta a los consumidores, cuotas de importación de grano del extranjero y en general una serie de “garantías estatales” que evitan que puedan entrar en un sistema abierto de competencia, aun cuando ya lo habíamos pactado en el CAFTA-DR.

Nuestro país decidió frenar el proceso de apertura y seguir con los subsidios indirectos y en general con la protección a un sistema ineficiente y hasta perjudicial para el medio ambiente, por su intensivo uso de agua y agroquímicos, logrando rendimientos por hectárea bastante bajos, si se compara con otros países que lideran en la producción y además es común tener que realizar las importaciones de arroz por desabasto, siendo que en lugar de aceptar que dependemos de las importaciones para consumir y abrir el mercado para favorecer la competencia, decidimos mantener un sistema cerrado que solo beneficia a los productores ya que no tienen que preocuparse por mejorar su competitividad.

Ahora que Conarroz, que es básicamente un operador para presionar a los políticos a mantener estas protecciones, tenga acceso a los fondos de banca de desarrollo no es solo irresponsable financieramente hablando, es peligroso para el contribuyente costarricense, esto debido a que es común verlos publicando información de lo poco rentable que es su actividad económica, con amenazas de que el “sector quebrará si el Gobierno no hace algo” e informando mediante prensa que necesitan apoyo del contribuyente para poder seguir, lo peor siendo que al tener el precio de venta del grano regulado es uno de los más caros de América Latina y significa una clara ofensa a los consumidores más pobres que utilizan el grano como base de su dieta, debido a que la regulación de ese producto les obliga a tener que gastar más dinero en el alimento básico de su dieta, privándoles de poder buscar otros complementos si el arroz fuera más barato.

Darles los fondos de Banca para el Desarrollo significa que la próxima condonación de deudas al sector (que hubo una el año pasado bastante onerosa para el fisco), será para perdonar lo prestado por Banca para el Desarrollo, dejando sin oportunidad de obtención de créditos a otros sectores que si son rentables pero que han tenido que cargar de manera más directa con las pérdidas económicas generadas durante la pandemia y que tendrían la forma de pagar los créditos al sistema financiero. Esto sería casi como generar de hecho otro banco estatal dedicado a un sector demasiado específico y poco rentable. También si se generan pérdidas al ser Conarroz el responsable de esos créditos se trasladarían inevitablemente al precio regulado para asegurar la existencia de la corporación. Es decir, pierde el consumidor por todo lado.

Según la misma Conarroz en su informe anual estadístico (2019-2020), solo el 41% de lo consumido en Costa Rica fue proveído por la producción nacional, es decir ya importamos el 59% de nuestras necesidades de arroz, mantener a este sector protegido atenta contra el bienestar de los costarricenses, ya que producen poco, más caro e imposibilitan la obtención de mejores productos a mejor precio.

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

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Miércoles 03 Noviembre, 2021

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