A partir de este lunes, la Asamblea Legislativa arrancará el periodo de sesiones extraordinarias.
Eso significa que el presidente Carlos Alvarado tendrá control absoluto de la agenda que los diputados discutirán desde este 1º de noviembre y hasta el hasta el 31 de enero del próximo año Además, el mandatario podrá convocar o desconvocar la agenda las veces que considere pertinente.
La primera lista consiste en 50 proyectos de ley y buena parte de ellos son temas tributarios o relacionados con los compromisos que adquirió el gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Parte de los textos de ley enviados a Cuesta de Moras son:
Empleo Público
Uno de los principales caballitos de batalla del gobierno es el expediente 21.336, Ley Marco de Empleo Público.
La iniciativa pretende establecer un régimen único en el sector público que “permita mejorar las condiciones de eficiencia”, aunque realmente limita a los empleados del sector público.
Así, la ley es aplicable para los funcionarios de los Poderes de la República (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), órganos auxiliares y adscritos y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), sector público descentralizado institucional conformado por: instituciones autónomas y sus órganos adscritos, incluyendo universidades estatales, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), instituciones semiautónomas y sus órganos adscritos y empresas públicas estatales.
Asimismo, la ley contempla un “salario global único” que pone techo en el sector público y, además, frena incentivos para los empleados públicos.
Cabe recordar que la Sala IV determinó que el proyecto de ley tiene más 35 inconstitucionalidades relacionadas con la autonomía de las universidades públicas, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la CCSS.
Tales yerros están siendo tratados en la Comisión de Consultas de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa.
Préstamo del tren eléctrico
Otra de las propuestas remitidas al Congreso fue el expediente 21.958, el cual es la aprobación del contrato entre el gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para apoyar el financiamiento del sistema de tren eléctrico de pasajeros en la Gran Área Metropolitana (GAM).
Cabe decir que la principal impulsora del proyecto es la primera dama Claudia Dobles.
El préstamo sería por $550 millones y el plazo es de hasta veinticinco años, incluyendo hasta cinco años de período de gracia de amortización, contados a partir del primer desembolso de los recursos del préstamo.
El punto es que dicho crédito únicamente financia la tercera parte del costo total del proyecto, que solo abarcará una parte del GAM.
Fondo de Avales
Dicho proyecto tiene como objetivo la colocación de $300 millones en créditos productivos para, según el Ejecutivo, financiar 18 mil empresas del sector público y privado.
Aporte “solidario” de instituciones públicas
El plan del gobierno (expediente 22.384) es que 14 instituciones públicas costarricenses tengan que dar un aporte de hasta el 30% de sus utilidades por los próximos cuatro años.
El aporte tendría carácter obligatorio, por lo que, de solidario, no tiene nada.
Entre las instituciones que tendrían que dar parte de sus recursos serían el Banco de Costa Rica (BCR), Banco Nacional (BN), Instituto Nacional de Seguros (INS) y sus subsidiarias.
Asimismo, tendrían que tomar de sus recursos el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica (Japdeva), el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), la Junta de Protección Social (JPS), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y Correos de Costa Rica, entre otras.
Según expertos, el proyecto afectaría la operatividad de dichas instituciones y, además, en efecto dominó, se generaría afectación con proyectos que se nutren de los servicios y utilidades que realizan dichos órganos estatales.
Reducción de gas LP
El expediente N°22.424 procura la reducción del precio del gas licuado de petróleo (gas LP) y equipararlo con el combustible búnker.
Actualmente, por cada litro de gas LP el consumidor paga ¢51,25 por concepto del impuesto único, mientras que por búnker cancela ¢24,25.
De acuerdo con la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), el precio máximo comercializador es de ¢9.556 para un cilindro de gas de 25 libras, de aprobarse este proyecto la reducción se estima en alrededor de ¢300 por cilindro.
En el caso de la presentación de 100 libras, el ahorro ascendería a los ¢1.225 para el consumidor.
Impuesto a casas de lujo
La propuesta, impulsada por el Ministerio de Hacienda, busca cobrar un impuesto a construcciones que superen los ¢108 millones.
Asimismo, el expediente 22.382 propone realizar un cobro de 0,5% del valor de la propiedad, incluyendo construcción y lote, por año.
La ley actual fija que las personas que tienen que pagar dicho impuesto son aquellas en las que el inmueble cueste más de los ¢133 millones.
Reducción de beneficios fiscales e impuesto a salario escolar
El expediente 22.369 propone homologar las tasas de las rentas de capital al 15% y un aumento temporal de dos años a un 16,5%. Asimismo, busca incrementar el impuesto sobre remesas para que quede en 0,14%. Dicha homologación incluye los rendimientos que se generen en las cooperativas y asociaciones solidaristas. Además, el plan elimina la exoneración de renta al salario escolar.
Renta global dual
A grosso modo, la iniciativa, bajo expediente 22.393, pretende que, a partir del 2023, el impuesto sobre la renta sea calculado sobre todos los ingresos de las personas físicas contribuyentes, sin importar el origen de los fondos y sin importar si se trata de trabajadores asalariados o independientes.
Dicho impuesto se cobraría a partir de los ¢702.000.
Mover recursos de Fodesaf
Una propuesta que ha guardado bajo perfil dentro de la convocatoria es el expediente 21.913.
La iniciativa, impulsada por la oficialista Catalina Montero, procura mover los recursos del superávit específico de Fodesaf en caso de declaratoria de emergencia nacional.
Presupuestos del 2022, MOPT y Japdeva
Otra de las urgencias del Poder Ejecutivo es la aprobación de dos presupuestos extraordinarios y los recursos para el 2022.
En concreto, se busca dar más de ¢19.335 millones al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), además del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
El expediente, bajo el número 22.685, propone “incluir recursos para la atención de obligaciones jurídicas contractuales”, desarrollo de obras y actividades de auditoría técnica en los proyectos Ampliación Ruta 32, Cañas-Limonal, Barranca-Limonal y Angostura, Circunvalación Norte, Obis Lote 1 (4 proyectos activos)
Asimismo, se incorporan ¢2.000 millones al Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (Lanamme-UCR) para la contratación de personal, adquisición de equipos y otros gastos, que serían utilizados en la fiscalización de los proyectos de ejecución o en procesos de contratación de la red vial.
El octavo presupuesto extraordinario otorga ¢6.000 millones para “resucitar” a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
Del total, ¢4.000 millones serían para el pago de remuneraciones y contribuciones sociales de la operación regular de la institución del Caribe y los restantes ¢2.000 millones serían para “continuar con la modernización de la institución”.
Finalmente, el presupuesto ordinario para el 2022 será de ¢11,5 billones.
El plan de gastos se financia con un 52,8% de impuestos (más de ¢6 billones) y un 47,2% con deuda (más de ¢5,4 billones).
Más de ¢2,2 billones se destinarán para pagar intereses y poco más de ¢5,5 billones se utilizarán para pagos y transferencias a instituciones.
PERIODISTA: Aarón Chinchilla Carvajal
EMAIL: [email protected]
Lunes 01 de Noviembre, 2021
HORA: 12:00 AM
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