Diario Extra - Odontólogos explotan contra proyecto de ley

El proyecto de ley 22.611, de nombre “Adición del artículo 14 bis a la ley orgánica del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, Ley N.° 5784”, provocó mucha controversia en este gremio por las implicaciones que generaría.
Aunque a simple vista este proyecto podría verse como un documento sencillo de resolver en la Asamblea Legislativa, lo cierto es que resultó ser más complejo de lo que esperaban los grupos interesados.
Tal y como lo menciona su nombre, el texto lo que pretende es hacer una modificación en la Ley Orgánica del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica (Ccdcr) que busca que los procedimientos de ortodoncia sean aplicados únicamente por ortodoncistas calificados y no por odontólogos, tal y como se hace en la actualidad.
El artículo 14 de esta ley menciona lo siguiente:
“Tendrán el carácter de cirujanos dentistas, ante las autoridades de la República, los incorporados al Colegio. Para el ejercicio de las especialidades odontológicas deberá cumplirse con las disposiciones del reglamento correspondiente”.
Con la nueva modificación, el agregado al artículo 14 bis quedaría de la siguiente manera:
“El especialista en ortodoncia es el único profesional acreditado, conforme al registro de especialidades que al efecto llevará el Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, que puede realizar los tratamientos referentes a esta especialidad, tales como tratamientos de ortodoncia correctiva y ortopedia facial, con el fin de garantizar la calidad y confiabilidad en los servicios de salud”.
Esto molestó mucho al gremio de odontólogos porque, en el país, a nivel público, no existen muchos especialistas que puedan cubrir con la demanda de estos tratamientos, mientras que en el sector privado esto encarecería el procedimiento para los costarricenses.
Actualmente un procedimiento de ortodoncia metálica tiene una tarifa mínima de ¢735.000. En cuanto a la ortodoncia estética el precio mínimo es de ¢1.138.000, en ambos casos los precios contemplan el costo de la prima de colocación y las citas por 24 meses.

PREOCUPA

DIARIO EXTRA conversó con Rodolfo Gamboa, cirujano oral maxilofacial en jefe del Hospital San Juan de Dios, quien manifestó su preocupación por la presentación de este proyecto y su efecto en la salud bucal de los costarricenses.
Gamboa indicó que, actualmente, en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) hay solamente nueve ortodoncistas que tienen esta especialidad, por lo que los daños podrían ser severos.
Si el proyecto avanzara y se aprobase, para el cirujano eso sería fatal, porque es claro que los nueve ortodoncistas estarían sin la capacidad humana de atender a la demanda país de estos tratamientos.
Incluso, hay un procedimiento que se aplica en menores llamado Ortopedia Funcional, la cual se puede prolongar por años, lo que implicaría una lista de espera eterna en la CCSS que llevaría a algunas personas a probar suerte en el sector privado.
En muchos de estos casos, las personas no tienen la capacidad económica para solventar el costo total, por lo que abandonarían el proceso, afectando severamente la salud de los dientes de esas personas en crecimiento.
Gamboa ha sido uno de los mayores activistas en contra del proyecto de ley, por lo que en redes sociales ha creado un grupo privado donde se denuncian los problemas que esto podría generar.

COLEGIO REACCIONA

El Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, por medio de su fiscala, la doctora Raquel Ulloa, ha enviado varios pronunciamientos donde se manifiesta totalmente en contra de la modificación a la Ley Orgánica de esta entidad.
“Ciertamente, no se trata de una libertad irrestricta, pero su limitación ha de ser razonablemente fundada y la limitación que se impone a los cirujanos dentistas generalistas, para lo que nos ocupa, no lo está, pues no exhibe el proyecto de ley en su exposición de motivos, razón alguna apegada a las reglas de la ciencia y la técnica que amparen la limitación, la cual no corresponde finalmente con el esquema trazado.
Si esta propuesta se convierte en Ley de la República, se estaría generando, una barrera de acceso a una prestación sanitaria y, con ello, produciéndose una afectación al derecho a la protección de la salud de la población que requiere de los servicios de ortodoncia”, mencionó Ulloa.
El proyecto de ley 22.611 fue presentado por la diputada Aracelly Salas, con quien el Diario del Pueblo intentó conversar, pero no se obtuvo respuesta.
De momento, el proyecto se encuentra estancado en la Comisión de Asuntos Económicos desde el 9 de setiembre, donde no se ha discutido ni se ha puesto en la orden del día.