Diario Extra - Inversionistas de Aldesa piden justicia

Un grupo de inversionistas de Aldesa se manifestó nuevamente. Esta vez llegaron a un oficentro ubicado en Curridabat donde estarían las nuevas oficinas de la corporación.
Llegaron a eso de las 9 a.m. con pancartas que decían “Suelte el perro” y bajo la consigna de que desean obtener justicia por parte de las autoridades judiciales, poniendo en duda que sea viable la recuperación del dinero.
Entre los manifestantes había hijos de adultos mayores que habrían sido inversionistas de la empresa, pero que fallecieron sin ver la recuperación de sus dineros.
Se preguntaban cómo, habiendo colocado sus dineros en un fondo regulado, pudo pasar esto. “¿Cómo la Sugeval (Superintendencia General de Valores), no alertó esto a tiempo?”, dijeron.
Según sus palabras, el contacto con la empresa ha sido únicamente telefónico y, aunque llegaron este miércoles en busca de respuestas, no encontraron ninguna.
“Aquí hay personas que confiamos en un sistema regulado. Intentamos ingresar a las oficinas, pero no quieren recibirnos siendo nosotros inversionistas, tenemos derechos”, indicó Paola Valverde, una de las afectadas.
Otra de las preguntas que lanzaron fue: ¿Cómo siguen operando después de todo esta debacle? “¿Cómo es que el Gobierno lo permite, si deben a la CCSS y a Hacienda? ¿Cómo es que tienen oficinas abiertas?”, replicó Clara Polini.
Estas personas aseguran estar cansadas de esperar a que el Juzgado Concursal defina lo que ocurrirá con la empresa y con los dineros que tienen años de esperar.
“Nosotros no entendemos cómo hay personas que participaron de la junta directiva de Aldesa y hoy ocupan puestos clave en materia financiera siendo que nunca nos advirtieron sobre esto”, acotó Polini.
El grupo económico, que incluía fondos regulados y no regulados, entró en crisis en marzo de 2019 cuando anunció estaba pasando por problemas de liquidez, que asomaban la cabeza desde el 2018, cuando trascendió por medio de DIARIO EXTRA la imposibilidad para el pago de impuestos.
Hoy, además de estar solicitando la ejecución de un plan para el rescate de la empresa y un pago a los inversionistas en un plazo no menor a los tres años, enfrenta una demanda penal por estafa, retención indebida y administración fraudulenta. La empresa debe más de $200 millones a unos 600 inversionistas.