Diario Extra - Jueces y jerarcas impiden a la prensa informar

Durante 2021 varios jerarcas de instituciones públicas y algunos jueces han querido evitar que los medios de comunicación informen sobre temas de importancia para el país por medio de distintitos ordenamientos, peticiones sin respuestas o manipulación de códigos y reglamentos.
Los casos empezaron a ser más notorios a inicio del año y conforme avanzan los meses son cada vez más, sin embargo, a pesar de las trabas, la prensa ha sabido salir adelante.
El primero de los casos tuvo un impacto directo con DIARIO EXTRA, cuando en febrero la Sala Constitucional condenó a María del Pilar Garrido, ministra de Planificación y Política Económica (Mideplan), por no atender a El Periódico del Pueblo de acuerdo con el tiempo establecido por la Carta Magna para responder a las consultas.
Garrido y su asesora Yazmín Montoya incumplieron la disposición constitucional al no responder consultas en relación con las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el proyecto Ley Marco de Empleo Público.
“Se ordena a María del Pilar Garrido Gonzalo, en su condición de ministra de Planificación Nacional y Política Económica, o a quien ocupe el cargo, que coordine lo necesario, gire las órdenes pertinentes y lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que, dentro del plazo de cinco días, contados a partir de la notificación de esta sentencia, atienda la gestión planteada por la parte recurrida”, expresó la resolución de los magistrados.
Dos meses después, en abril, de nuevo la Sala IV le da la razón a El Periódico de Más Venta en Costa Rica y condenó al ministro de Comunicación, Agustín Castro, por no atender las consultas realizadas en las tradicionales conferencias de prensa posteriores al Consejo de Gobierno.
Según la resolución 2021007496 del 16 de abril, Castro y su equipo, completamente alejados de lo que estipula la Constitución Pública, vulneraron los principios de rendición de cuentas, transparencia y derecho a la información.
En junio, una vez más DIARIO EXTRA se vio obligado a interponer un recurso de amparo contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) porque no respondió una serie de consultas sobre las denuncias que lo involucraban y la Sala IV determinó que la entidad estaba en la obligación de responder.
“Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y ordena también la condenatoria en daños, perjuicios y costas a la parte recurrida. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas”, se leyó en el por tanto de la resolución.

JUEZA TAMBIÉN CENSURÓ

A finales de setiembre, la ministra de Justicia, Fiorella Salazar, dio a conocer que recibieron una orden judicial para no referirse a temas penitenciarios por parte de la jueza Mayra Acevedo, específicamente a temas relacionados con el Centro de Atención Institucional San José, conocido como cárcel de San Sebastián.
“Las autoridades penitenciarias han estado realizando manifestaciones en distintos medios de comunicación en donde se han brindado datos y se ha rendido información que podría no ser acorde con los principios de independencia judicial y de juez natural; se impone como medida cautelar atípica, la obligación a las autoridades penitenciarias de abstenerse, ya sea por sí mismas o por terceras personas y mientras se encuentre en trámite el presente proceso judicial, de realizar manifestaciones, consideraciones u opiniones que pongan entredicho los principios antes citados”, dictó la resolución que involucra directamente la censura para los funcionarios de Justicia.
Días después, tras una orden de la Sala Constitucional para que Justicia permitiera de nuevo recibir privados de libertad en la cárcel de San José, la orden de Acevedo fue desestimada.

MINISTERIO PÚBLICO SE SUMA A LA LISTA

Un nuevo caso donde se le pone trabas a la prensa se produjo en el Ministerio Público. Ahora parece que el fiscal general a.i., Warner Molina, se niega a dar información sobre procesos contra funcionarios de los supremos poderes, según lo consignó el diario digital CR Hoy.
Aparentemente el medio de comunicación consultó por la etapa en que se encuentra una investigación contra un diputado, quien es indagado desde 2019 por asistir a un congreso en Barcelona.
Supuestamente la Fiscalía informó que al ser un proceso privado no iba a dar detalles, aunque solamente se le haya pedido conocer si el caso seguía en investigación y se apegó al artículo 295 del Código Procesal Penal, donde se dice que “el procedimiento preparatorio no será público para terceros. Las actuaciones sólo podrán ser examinadas por las partes, directamente o por medio de sus representantes”.
Según lo anterior la prensa no podrá conocer oficialmente en cuál etapa avanzan los casos o si han sido desestimados.

COLPER EN CONTRA

Con respecto a la negativa de la Fiscalía de dar información sobre procesos, el Colegio de Periodistas de Costa Rica (Colper) informó que está en contra de cualquier acción que limite la labor de la prensa a la hora que informar e incluso afirma que la ciudadanía tiene derecho de conocer ciertos datos de personas con intereses políticos.
“El Colegio de Periodistas condena abiertamente este ataque a la liberad de prensa y al derecho a la información de los costarricenses. Estamos pidiendo una cita con el fiscal general y con el presidente de la Corte Suprema de Justicia para poder plantearle nuestra preocupación sobre estos ataques derivados del Poder Judicial, porque ahora ya no solamente es la jueza de discusión de sentencia, ya no solamente es la defensa pública, sino que ahora es el Ministerio Público el que está generando censura previa, los cuales crean un cercenamiento del derecho de la libertad de prensa.
En un momento en el que estamos en plena campaña electoral es necesario que los costarricenses sepan quiénes son las personas que aspiran a los puestos de elección popular, con muchísima más razón debe abrirse el abanico de información para que exista el mayor conocimiento posible de los aspirantes, porque si se deciden a meterse a política deben saber que su ámbito de privacidad está sumamente limitado”, sentenció Belisario Solano, presidente del Colper.

• Iary Gómez, Gerente general Grupo Extra
“Cada día veo más que los funcionarios perdieron el norte del puesto que ejercen, ya que parece que cuando el presidente nombra a algunos presidentes ejecutivos o ministros estos no escuchan que son servidores públicos y que deben rendir cuentas de lo que hacen o dejan de hacer. El dinero u objetos que maneja el servidor público no le pertenecen, se pusieron ahí para asegurar un bien que es de todos, incluyendo los manejos de dinero, son fondos públicos y por lo tanto deben rendir cuentas al pueblo de sus actuaciones. Bien lo dice el artículo 11 de la Constitución: ‘No pueden arrogarse facultades no concebidas en ella’. Hemos tenido que acudir a la Sala IV para que sean los magistrados los que ordenen a los funcionarios públicos rendir explicaciones de lo que hacen o no para poder comunicar a la población. Entre esos casos están los datos del bono Proteger que bien callados lo tenían por el desorden a la hora de entrega. También datos como los del AyA, Incofer, el de Agustín Castro, ministro de la Presidencia, entre muchos otros. En este caso también se suma el empresario Javier Chaves, molesto con el Semanario Universidad y con DIARIO EXTRA porque le damos continuidad a su caso de Aldesa. Creo que se siente superior, ya que DIARIO EXTRA les da continuidad a todos: Cementazo, Cochinilla y muchos más. Se suscita otro caso con el medio CRHoy, donde el fiscal general a.i. le niega información de cómo va un caso. Me parece que pudieron haberle informado por lo menos en qué parte del proceso van, ya que eso no entorpece un caso. Es así como se van reduciendo los espacios para hacer efectiva nuestra democracia”.

• Carlos Villalobos, Coproductor del programa La Lupa
“Por naturaleza el buen periodismo va a despertar la animadversión de los investigados, pero los funcionarios públicos están obligados legalmente a la transparencia. El mejor ejemplo es el cambio en el trato a la prensa que ha dado la Presidencia de la República, que ha limitado al máximo el margen de acción y de posibilidad de cuestionar de los periodistas que cubren la fuente. Históricamente el acceso al presidente, a su equipo y a los funcionarios de Casa Presidencial fue en Costa Rica ejemplar, por amplio, abierto e irrestricto, tanto dentro del edificio como en las giras que efectuaba el mandatario dentro y fuera del país. Hoy, la realidad es todo lo contrario: el Presidente descontinuó las conferencias de prensa (desde antes del Covid), la agenda presidencial se divulga a diario, no semanalmente, lo cual restringe el margen de cobertura de los medios, amén de que decidieron solamente ‘enviar material’ a los medios, pues a la mayoría de las actividades no hay acceso. La selectividad del mandatario para atender entrevistas deja fuera a muchos medios por el solo hecho de tener posiciones críticas a su gestión. En fin, en este gobierno las restricciones a la prensa han sido la norma y no la excepción. El peor ejemplo teniendo un presidente graduado como comunicador”.

• Dragos Dolanescu, Diputado independiente
“Qué curioso es saber que nuestro presidente es comunicador de profesión, pero hace todo lo posible por no comunicar nada. Tenemos además un ministro de Comunicación que obstruye el acceso de la prensa al Presidente de la República. Aquí los jerarcas y ministros de esta administración no dan la cara y se esconden detrás de sus equipos de prensa. No es de extrañar, pues tienen el ejemplo del Presidente, quien pasó más de un año sin darle declaraciones a la prensa, y adopten la actitud de no hablarles a los medios. El Presidente fue poco valiente cuando, luego de su silencio de un año, escogió a los medios amigos para dar su mensaje de la buena labor del gobierno. Es obligación de todos los funcionarios públicos rendir cuentas sobre sus acciones. No es obligación de ninguna oficina de prensa esconderse, evitar dar respuesta a preguntas o considerar enemigos a los medios que buscan respuestas a las acciones de este gobierno. Es una situación muy triste, pero lamentablemente tampoco es de sorprenderse. Es por ello que empresarios como Javier Chaves, Mélida Solís y Carlos Cerdas se sienten con la autoridad de decir que son acosados por la prensa por enredos que ellos mismos crearon. Es simplemente una locura”.

• Shirley Díaz, Diputada independiente
“La ley debe aplicarse para todos y debe partir del concepto de justicia pronta y cumplida. Pienso que el sistema político costarricense está en crisis, prueba de eso es la enumeración de más de 25 partidos para la posibilidad de la presidencia y las diputaciones, y este tipo de situaciones se están dando por la ausencia de legitimidad”.

• Walter Muñoz, Partido Integración Nacional
“A mí me parece que es un acto algo sumamente grave, el funcionario público debe estar sujeto a darles información a los medios de comunicación, no debe negar ningún tipo de procedimientos, máximo que estamos en un país de derecho donde la información debe estar al servicio del ciudadano”.