Del crédito y la calificación de Sugef
José Rolando Madrigal Corrales
El crédito en la economía es como la sangre en el cuerpo humano, sin él, no hay vida económica y, por lo tanto, el crecimiento y desarrollo se estancan o paralizan.
En Costa Rica la Sugef se encarga de dictar las normas que regulan este tipo de mercado financiero, generalmente avalada por el Conassif.
Por conocimiento propio sé que se aplica en el país una de las regulaciones más estrictas en cuanto a la gestión de riesgo en el sector bancario y financiero y eso es correcto en el tanto la regulación no cargue todo el peso del riesgo en el demandante del crédito. Y en esto influyen desde aspectos culturales hasta el perfil de los costarricenses en cuanto a su comportamiento en el orden social. Todos estaremos de acuerdo que no es lo mismo un ciudadano de Costa Rica con uno de Suecia o de Egipto. Veamos las siguientes cifras:
PIB/Per cápita año 2020 (en dólares actuales)
Costa Rica 12.076,8
Egipto 3.547,9
Filipinas 3.298,8
Mónaco 190.512,7
Suecia 51.925,7
Y menciono lo anterior porque no existe (excepto a nivel teórico) un mercado financiero en donde ambas partes se comporten de manera perfecta, es decir; que el oferente de los recursos no plantee condiciones financieras a su favor y de usura y por el lado del demandante, un récord de pago perfecto, tan puntual y exacto como el calendario maya. Así, lo normal es que se administre el factor de riesgo conforme a una política de ganar-ganar que para el sector privado podría estar en lo más ventajoso, pero no para una banca pública, que dichosamente tenemos en nuestro país, en donde se omite cualquier característica del demandante de crédito.
En nuestro país, el perfil del demandante de crédito presenta las siguientes características:
a) Sistema financiero margina a mujeres (Diario Extra 30 agosto 2019)
Distribución porcentual de los montos de créditos
Rango Mujeres Hombres
Al día 91% 88%
Menor a 90 días 7% 9%
De 90 días a un año 1% 2%
Mas de un año 1% 1%
b) Cada tico adeuda en promedio ¢12,2 millones en créditos, revela Encuesta de Sugef. “42% afirma que el dinero no le alcanza para cubrir sus necesidades, por lo que deben pedir prestado a familiares o amigos, utilizar los ahorros o reducir los gastos, y solo el 4% acude a las instituciones financieras en estos casos” (21 noviembre, Diario Extra)
c) Acceso al mercado financiero en Costa Rica: No conozco estudios actualizados de este último tipo, pero al menos este permite sacar las siguientes conclusiones: 1) El 35,4% de los ciudadanos en aquel momento no tenían acceso al sistema formal de productos financieros, algo que creo se mantiene o a empeorado, excepto por SINPE, 2) Casi un 30% debe recurrir a la informalidad para conseguir crédito. Lo anterior debe darnos vergüenza y llamar la atención del futuro Presidente de la República y diputados, si quieren ayudar al pueblo definan reglas accesibles para la gran mayoría y verán cómo así se reactivará la economía, no hay magia en esto, es simple voluntad y solidaridad con los menos afortunados.
Con la reciente ley de usura se desvistió un santo para vestir al otro, ahora hasta órganos tan del trabajador como lo son las asociaciones solidaristas te aplican los criterios de la Sugef, es decir, más gente enviada a la informalidad. Claro esos segmentos de población no interesan para nada a los bancos privados, ellos solo quieren la carnita, pero la banca estatal no debe operar bajo los mismos estándares, aquí se requiere diferenciar por parte de los reguladores bancarios, los cuales no lo van a hacer, los objetivos por los cuales fue creada dicha banca y que se han desvirtuado frente a las narices de todos.
Estuve durante 4 años como asesor del Comité de Auditoría en el Banhvi, el cual es sometido a la misma regulación a la que se somete el BAC San José cuando los dos tienen diametralmente opuestos sus fines para los cuales fueron creados, ¿es razonable esto? Claro que no, empezando porque el BANHVI es un banco de segundo piso (no presta directo a las personas) y obviamente no persigue un fin lucrativo. Tampoco se trata de desbaratar la banca nacional, pero sí medir su gestión de riesgo acorde a sus objetivos sociales de amparo y desarrollo social.
Pero esta situación del crédito no termina ahí, resulta que si se examina el acuerdo SUGEF 1-05 del año 2005 que regula la gestión del riesgo crediticio, tenemos lo siguiente:
“Artículo 12. Estimación estructural. Los porcentajes de estimación según la categoría de riesgo del deudor son los siguientes:
Categoría de riesgo Porcentaje de estimación
A1 0,5%
A2 2%
B1 5%
B2 10%
C1 25%
C2 50%
D 75%
E 100%
Como excepción para la categoría de riesgo E, la entidad con operaciones crediticias con un deudor cuyo nivel de Comportamiento de Pago Histórico está en Nivel 3, debe calcular el monto mínimo de la estimación para dichos deudores de acuerdo con el siguiente cuadro:
Mora en la entidad Porcentaje de estimación
De 0 a 30 días 20%
De 31 a 60 días 50%
Más de 61 días 100%
Y menciono este artículo en especial porque es el que establece los “castigos” sobre las provisiones por falta de pago de un crédito, lo cual afecta sus utilidades, sin embargo, cuantos estaremos en el rango B1, B2 y C1 y que no son sujetos de crédito porque simple y llanamente nadie quiere perder y por lo tanto todos los regulados por SUGEF y ahora hasta los no regulados aplican sus criterios hacia el “cero riesgos”. Bajo esta normativa, ni el país sería sujeto de crédito.
Claro, los reguladores han observado el comportamiento del mercado crediticio y se vieron obligados a realizar un “mea culpa” y así se anunció el 12 de junio de 2019 en un medio de circulación nacional, que: “Reforma limpiaría historial crediticio de 63.000 deudores”.
Pero tampoco acaba aquí el asunto, resulta que si a usted una entidad supervisada le debe rematar su propiedad como dación de pago, esas entidades aparentemente no están reportando el resultado de esas operaciones conforme a las reglas de envío de información establecidas en los artículos 24 y 26 del mencionado acuerdo Sugef, ni tampoco informan a los juzgados sobre su conformidad y satisfacción con la dación de pago, provocando dos perjuicios a las personas: a) Dilatar el envío de la información de esos casos a Sugef por lo que se extiende el plazo de la “mancha” y b) Los juzgados no pueden emitir documentos cerrando el caso lo que provoca que entes privados no regulados tampoco le prestan, mandando nuevamente a los ciudadanos a la informalidad. Y esa informalidad me temo que va a parar en el futuro cercano en otro motivo de crímenes. Le solicito por este medio a Sugef que realice un estudio sobre lo anotado en estos dos puntos y estoy seguro que descubrirá sorpresas, las cuales deben ser sancionadas como corresponda y ojalá que nos informen de sus resultados.
Escribo estas notas por petición de mucha gente angustiada con el sistema actual y porque considero que ya llegó la hora de cambiar el statu quo, ahí se las dejo planteada a todos los precandidatos a presidente y diputados a ver quién recoge el guante.
*Consultor
