Cientos de academias e institutos de enseñanza privada a nivel nacional seguirán operando sin un órgano que se encargue de verificar su calidad y planes de estudio.
Los diputados que pertenecen a la Comisión de Ciencia y Tecnología rechazaron el expediente 22.030, el cual creaba el Consejo Nacional de Acreditación de Academias e Institutos Técnicos Privados de Costa Rica (Conatec).
El objetivo de dicho organismo era autorizar la creación y el funcionamiento de los institutos, aprobar sus estatutos y reglamentos.
Igualmente vigilaría los planes y programas de estudio que, según planteaba el proyecto, debían tener una categoría similar a la de los propuestos por los institutos técnicos a nivel nacional.
No obstante, con el rechazo la iniciativa de ley se envía al archivo legislativo.
La propuesta la impulsó Pedro Muñoz, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
De acuerdo con el socialcristiano, las academias e institutos técnicos privados existen para responder a una necesidad del mercado laboral, pero legalmente son “invisibles”.
“Carecen de la potestad de acreditación para lograr igualdad en cuanto a la competencia y condiciones de los graduados técnicos, lo que evidentemente contradice las disposiciones constitucionales y legales vigentes”, se lee en el texto de ley.
Muñoz aseguró que se deben crear las condiciones, con la mejor regulación posible, para fortalecer la educación técnica y vocacional privada. “Este era el objetivo del proyecto de ley que, a pesar de su archivo, se mantiene vigente”, agregó.
¿POR QUÉ SE RECHAZÓ?
La iniciativa del Muñoz se mandó al archivo legislativo, debido a que la mayoría de criterios emitidos por los institutos y academias fueron negativos.
De acuerdo con Enrique Sánchez, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), durante la semana se archivó una serie de propuestas de ley a las cuales se les vencía el plazo en comisión.
“Fueron varios que se mandaron al archivo e incluso se habló con el proponente. A algunos se les vencía el plazo, otros no tenían informe ni nada presentado. Sobre ese en particular habría que revisar por qué se mandó al archivo”, dijo el oficialista.
GOBIERNO PEDÍA CAMBIOS
Otro de los actores que sugirieron reformas al proyecto fue el Poder Ejecutivo.
Mediante oficio MTSS-DMT-OF-1238-2020, Geannina Dinarte, ministra de la Presidencia, indicó que la propuesta debía consultarse al Ministerio de Educación Pública o bien al Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior.
Lo anterior porque este último cuenta con criterios técnicos para acreditar los planes, las carreras y los programas de las universidades, tal como lo reconoce la Procuraduría General de la República.
Además dijo que el proyecto de ley es “omiso en señalar la fuente de financiamiento del Consejo, así como tampoco se hace referencia a las capacidades técnicas del personal a cargo de la supervisión de las instituciones académicas”.
PERIODISTA: Aarón Chinchilla Carvajal
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Lunes 11 de Octubre, 2021
HORA: 12:00 AM
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