Diario Extra - Justicia pone denuncia penal por mordaza

La ministra de Justicia, Fiorella Salazar, presentó ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción una denuncia penal por el presunto delito de prevaricato tras la medida que restringía a la cartera para referirse por completo o de forma parcial a temas relacionados con el sistema penitenciario.
Al parecer, la denuncia se interpuso en contra de la licenciada Mayra Acevedo, jueza del Juzgado de Ejecución de la Pena de San José, quien habría emitido un fallo en el cual se ordenaba al Ministerio de Justicia no brindar declaraciones ni datos a la prensa acerca del hacinamiento que enfrentaba el CAI San José (San Sebastián).
“Ha sido en relación con dos grupos de derechos que sentimos que se afectaron en ese momento que tienen que ver con la libertad de expresión de las personas que trabajamos en esta institución y también con la responsabilidad que tenemos como funcionarios públicos de rendir cuentas sobre el 100% de nuestra actuación”, explicó Salazar.
La representante de Justicia indicó que la denuncia planteada buscaría marcar un precedente que mejore la situación de la cartera que dirige.
“Es importante decir que esto no es un tema personal, esto es un tema para sentar un precedente para la institución y para el país. Aquí todos somos libres de decir lo que pensamos, de emitir nuestras opiniones y al mismo tiempo somos responsables de ello, pero no puede existir una prohibición desde antes para que no omitamos un comentario sobre un tema, sobre todo si es un tema en el que trabajamos”, señaló la ministra.
Cabe mencionar que la orden judicial dictada por Acevedo impedía a Justicia a brindar información referente a la situación que se vivía en los centros penales tras el presunto colapso que existía las celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Por esta razón, la Sala Constitucional habría aprobado el recurso de habeas corpus interpuesto por Walter Espinoza, director judicial tramitado bajo el expediente 21-018479-0007-CO con el que se obligó a Justicia a movilizar a personas que se encontraban en las celdas judiciales hacia la Cárcel de San Sebastián, pese a que dicho centro penal aparentemente contaría con una orden de desalojo definitivo que data desde el 2016.

RECURSOS

La molestia ante la presunta censura llevó a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) a solicitar a la Sala Constitucional dejar sin efecto y de manera inmediata la medida cautelar atípica dictada por Acevedo.
Entre lo que argumentó el sindicato días atrás, destacaba la afectación en labores de los funcionarios del Ministerio de Justicia y Paz, de los representantes de la prensa, así como de los ciudadanos.
“Nos parece que esta decisión de la señora jueza constituye una acción intimidante, que desincentiva los principios democráticos y republicanos del ser costarricense. Por consiguiente, se vulneran los derechos de libertad de expresión, de opinión y de acceso a la información, así como a la separación de poderes. Se vulnera la libertad de prensa y los principios de proporcionalidad, racionalidad y razonabilidad”, manifestó Vargas.