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Opinion

Arroceros con segundo aire crediticio

Opinión

Un proyecto de justicia social fue la aprobación legislativa del expediente de ley 21 937, que autoriza a la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) a canalizar recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) para el financiamiento de pequeños y medianos productores e industriales de arroz, que califiquen como beneficiarios.

Se trata de una inyección de recursos a un sector, que cuenta con la fuerza para abastecer el mercado nacional, generar empleo entre las clases más sensibles en área rural; y al que minimizan con tratados comerciales e importaciones de terceros, con gran afectación a la cadena.

La iniciativa aprobada provocó criterios encontrados a lo interno del sector, al considerar algunos que la nueva ley será la ruina institucional. Según la normativa a publicarse en los próximos días, la Corporación responderá con sus recursos y activos, sobre el financiamiento que se le otorgue. Suponemos, que, por tratarse de fondos públicos, será en el caso de que su cliente, productor o industrial, no pague el crédito otorgado.

El planteamiento busca reinsertar, en tiempos de crisis sanitaria mundial, a estos actores en la actividad productiva. La idea impulsada por el Lic. Miguel Aguiar, director ejecutivo del SBD; fue apoyada por la Junta Directiva de Conarroz, período 2018-2020, cuyo miembro Luis Corea Martínez, asumió el liderazgo y el apoyo legislativo y ejecutivo de la propuesta, hoy en espera de la firma del presidente de la República, Carlos Alvarado; y su respectiva publicación.

El espíritu de la ley no debe causar temor si el sector (productores e industriales) se concientizan y solidarizan entre sí, para hacer efectivo el ganar-ganar, mediante la retención en fuente del crédito, a la hora en que el agricultor entrega el grano a la industria.

Esta normativa advierte a la agroindustria a suscribir contratos de retención de pagos con Conarroz para la cancelación de los financiamientos otorgados a los productores de arroz. No podrá recibir una agroindustria la producción de arroz de un productor con contrato de retención en otra agroindustria (...), asimismo, tendrá prioridad de pago sobre cualquier otra obligación el pago de los créditos con recursos del SBD.

El riesgo institucional se presentaría en caso de surgir “viejas prácticas”, como el desvío de fondos o entrega del grano a otra industria, entre otros, por el que pagarían “justos por pecadores”.

Calificada de alto riesgo en entidades financieras y por diversas razones está la producción de arroz, por lo que, si se pierde dicha oportunidad de Conarroz como banca de segundo piso, los “pecadores” no solo se llevarán entre las “patas” a la institución con todo y recursos y activos, sino también la esperanza de una bolsa de crédito accesible y, esperamos, sin tanta tramitología burocrática.

Tendrá Conarroz que poner en ejecución la plataforma de crédito en las próximas semanas para que el productor pueda sembrar en diciembre próximo.  Faltó previsión corporativa de tener listo el programa de requisitos una vez aprobada la ley, a publicarse pronto, con afán de no perder tanto tiempo para que los productores aprovechen, en el verano, la mejor siembra bajo riego.

Igualmente incorporar mediante una póliza colectiva entre Conarroz, en calidad de operador financiero y el Instituto Nacional de Seguros (INS), a los productores con siembras en secano dado a un que un 70 por ciento del arroz, se siembra bajo esta modalidad, dependiente del agua de lluvia.

Asimismo, apelar a la voluntad de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), para que los productores “manchados” puedan acceder a este crédito, recuperarse y pagar sus obligaciones pendientes.

O cruzar los dedos para que la Sala Constitucional desestime la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Contraloría General de la República (CGR) contra el numeral 2 y transitorio único de la Ley 9966, que autoriza al SBD a condonar en su totalidad las operaciones de micro, pequeños y medianos productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas del país.

De prosperar a su favor el fallo constitucional, cientos de arroceros tendrían luz verde para acceder al crédito ahora a través de Conarroz, reinsertarse en la actividad y aliviar sus cargas financieras.

Efectivamente, los arroceros con el apoyo de una mayoría de diputados(-as), Poder Ejecutivo y SBD, obtienen un segundo aire crediticio en casa propia para volver a sembrar.

 

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

EMAIL: [email protected]

Sábado 09 Octubre, 2021

HORA: 12:00 AM

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