Las cocineras de comedores de escuelas y colegios a nivel nacional sufren un calvario en cuanto al pago y tratos de algunas juntas de educación que se encargan de sus salarios y condiciones laborales.
DIARIO EXTRA recibió a Marlene Hernández y Alba Argüello, cocineras que trabajaron para varios centros educativos, donde habrían violentado sus derechos laborales.
Ambas se hicieron acompañar de Ivania Briceño, representante del Sindicato de Trabajadoras de Comedores (Sitracome), quien las asesora en cuanto a los procesos legales que abrieron contra sus expatronos.
SIN TRATAMIENTO
El caso de Argüello es lamentable, ya que tuvo problemas para recibir tratamiento médico urgente debido a que la junta de educación se atrasó con el pago de la cuota patronal a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Esta cocinera laboraba para la Escuela de Kopper-Muelle desde hace 18 años, relación laboral que se encuentra suspendida, ya que ella todavía no recibe una carta de despido por parte de la institución.
Argüello enfrenta una condición de salud crónica que necesita atención inmediata, pero cuando va a las citas de control le niegan el servicio, a pesar de que de su salario siempre se le descontó la cuota obrera.
Esta madre de tres hijos, que en su momento estudiaron en dicho centro educativo, ahora no tiene ingresos porque está suspendida desde marzo y no le resuelven su situación.
Este problema no es nuevo, pues afirma que desde que empezó a laborar, hace 18 años, la costumbre de la junta de educación es atrasar los salarios a las cocineras.
Otra situación adversa que enfrenta esta cocinera es que el dinero que le pertenece por concepto del Fondo de Capitalización Laboral (FCL), el cual nunca sacó en 18 años, tampoco puede tramitarlo por estar suspendida.
Incluso en la entidad bancaria a la que está afiliada le recomendaron presentar una carta del centro educativo donde indiquen que ella es empleada, pero que está suspendida, para retirar esos fondos.
Cuando Argüello va a conversar con el director, este le contesta que no puede hacerle la carta, pues no quieren darle una constancia laboral porque ella está suspendida y ese documento los afectaría a futuro.
Esta cocinera dio tres meses a la junta de educación para solucionar su caso, ya que su única intención es regresar a la escuela para la que trabaja.
COCINERA AMENAZADA
El caso de Hernández no deja de ser menos grave, ya que la despidieron por exigir el cumplimiento de sus derechos laborales y desde enero está sin trabajo.
Declaró a El Diario del Pueblo que lleva meses en discusión con la presidenta de la junta de educación, quien al parecer pasó por encima del decreto DM-0086-12-2018, donde se ordena que las cocineras sean contratadas por tiempo indefinido.
A su parecer actuó arbitrariamente cuando decidió que a las cocineras se les contratara por año, ya que así era más sencillo cambiar de personal y no se acumulan cesantías ni periodos de vacaciones.
En este cambio de personal se despidió a las dos cocineras. Una tenía un año de trabajar en el Cindea de Canalete, en Upala, mientras que la otra tenía cinco años.
Lo curioso del caso es que ambas cocineras recibieron el mismo monto de liquidación, solo ¢113.000.
Hernández afirma que le deben dinero de salarios y la cesantía, pero al consultar con el director del centro educativo, este le sugirió que se quedara tranquila porque él por las buenas es muy bueno, pero que no lo busque por las malas.
Estas denuncias se hallan en poder de un equipo legal y de Sitracome, que esperan resolver estos casos, pero saben que lamentablemente existen más.
Por este motivo el Ministerio de Educación Pública presentó en su presupuesto para 2022 la inclusión de 2 mil plazas para cocineras, de esta manera no dependerán de las juntas de educación.
Actualmente laboran 5.500 empleadas en comedores de centros educativos de todo el país.
PERIODISTA: Geovanny Garita Rivas
EMAIL: [email protected]
Jueves 07 de Octubre, 2021
HORA: 12:00 AM
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