Diario Extra - Pedir vacunación a clientes atenta contra reactivación

Después de que el gobierno insinuara que exigir el carné de vacunación podría ser un requisito para entrar a los comercios, la Cámara Costarricense de Restaurantes (Cacore) alzó la voz al advertir que es su potestad reservarse el derecho de admisión.
Jorge Figueroa, presidente de Cacore, dijo a DIARIO EXTRA que esa medida iría en contra de la reactivación económica y de un sector fuertemente golpeado por la pandemia.
Los propietarios de restaurantes no confían en el mecanismo instaurado por el Ministerio de Salud para confirmar la vacunación y creen que cualquiera puede falsificarlo, de modo que la medida perdería efectividad.
Además se tarda de 10 a 15 días en la impresión. “Imagine que lleguen cinco personas y una de ellas no esté vacunada, ¿qué vamos a decirles, que no pueden entrar?”, expresó.
Exigir la vacunación obligatoria para el ingreso a los comercios solo haría bajar el número de clientes en un momento que apenas empiezan a calentar las ventas. Esto a criterio de Cacore.
Aclaró que no están en contra de la vacunación y cualquier establecimiento puede aplicar la medida de manera voluntaria.
“La única forma sería que el gobierno nos dé una herramienta digital, una aplicación para que el cliente pueda demostrar que está vacunado o que nos permita el acceso a nosotros. Eso sería genial, nos brincaríamos un montón de problemas”, advirtió.
La preocupación es que, además de las restricciones sanitarias vehiculares, la obligación de cierre a las 9 p.m. y un aforo del 50%, ahora quieran limitar la cantidad de clientes.
De acuerdo con Figueroa, se agravaría la situación de las empresas. “Se debería contar con un marco legal que las ampare en situaciones conflictivas y relacionadas con la responsabilidad derivada en el proceso de confirmar la vacunación.
Lo que sí están haciendo los empresarios es un llamado a impulsar las promociones, descuentos o regalías para aquellos ya vacunados con ambas dosis y así colaborar con las campañas nacionales.
Parte del problema es aplicar una medida de ese tipo en estos momentos, cuando se llega a niveles de vacunación sobre la población total del 67,2% de primeras dosis (81,1% de la población meta) y el 44,4% con segundas dosis (53,6% de la población meta), y se hace necesario llegar al menos a un 85% de la población vacunada con ambas dosis, indicó Cacore.
Para el constitucionalista Fabián Volio, aunque siempre hay un derecho del propietario, en este caso existe legislación que permite imponer la vacunación obligatoria como regla general.
Citó como normas en las que se respalda el artículo 76 constitucional, el 46 del Código Civil, el 2 y el 3 de la Ley General de Vacunación y el 150, 152 y 153 de la Ley General de Salud.
“Como hay legislación que hace obligatoria la vacuna, el gobierno podría exigirla, y es de los pocos casos en que acepto una restricción a los derechos individuales. El propietario podría decidir si atiende o no a una persona que no se ha vacunado porque aumenta el riesgo del efecto de contagio”, explicó.