El desplazamiento de proveedores privados en centros educativos por el Consejo Nacional de Producción (CNP) es lo que habría despertado a las corrientes que buscan abrir el mercado del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI).
La entidad viene sumando unos 500 nuevos centros educativos por año y eso ha generado la preocupación de actores privados. Al menos esta es la teoría de Oscar Quirós, director de Mercadeo y Agroindustria, Ángel Jiménez, presidente del CNP, y David Ruiz, administrador de la Fanal, quienes conversaron con Iary Gómez, gerente general de medios del Grupo Extra, y Sandra Cordero, directora de DIARIO EXTRA.
¿Cómo encontró el CNP al asumir la presidencia ejecutiva?
-Hace mes y medio me tocó asumir la presidencia del CNP. Vengo de la dirección regional Chorotega, estaba como director desde principios del año anterior. Me he encontrado una institución que estaba en pleno desarrollo, hay indicadores importantes, como el crecimiento en el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) y la vinculación de nuevas agroempresas al PAI y eso quiere decir que es un programa activo, nuevo y en movimiento, porque por muchos años estuvo estático.
¿Es obligatorio que las instituciones públicas compren a través del Programa?
-Sí. Esa obligación existe desde el año 2009 cuando se modificó la Ley. Era cuando estábamos debatiéndonos como sociedad si sí o no al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos, entonces se crea esta ventana de comercialización exclusiva para micro y pequeños productores del país como un tema de salvaguardar una cuota de mercado hacia los productores.
¿Usted concuerda que hay sicarios comerciales que quieren matar el PAI?
-Concuerdo en el sentido de que hay personas e intereses para querer desestabilizar el programa, incluso hay varios proyectos de Ley, uno específicamente que pretenden que la obligatoriedad de nuestro principal cliente institucional, que es el MEP (Ministerio de Educación Pública), se abra.
¿Por qué cree que se ha acentuado la incomodidad hacia el CNP?
-Creo que ese desplazamiento que estamos generando en productos que se comercializaban antes, tal vez marcas no autorizadas, y hemos estado empoderando mucho a las organizaciones. El año pasado cerramos con 102 mil millones de colones en ventas, cuando en el 2014 eran 23 mil millones de colones. Es un crecimiento importante ¿Y a quién le hemos quitado ese mercado? A proveedores privados.
¿Y ese crecimiento a qué responde?, ¿a la aplicación correcta de la Ley?
-La línea de la administración y de la institución ha sido desarrollar el programa. Como le dije, estuvo congelado, estuvo estático. La institución, por muchos años, pasó por muchos debilitamientos en su marco normativo, en sus funciones, en su personal, inclusive, hubo movilidades laborales fuertes. Como institución del sector agropecuario perdimos roles importantes.
¿Cómo cuáles?
-Antes el CNP tenía maquinaria agrícola y operarios y los daba casi sin costo al sector agrícola. Los precios de sustentación se han eliminado, nuestro rango de acción como institución se ha venido mermando, sin embargo, ahora hemos tomado protagonismo recientemente retomando el PAI.
Hay un mandato de Ley para que se le compre directamente al PAI, ¿por qué eso no se venía cumpliendo?
-El mandato de Ley sí se venía cumpliendo, pero no con la energía como tal. Esto depende mucho también de la voluntad de los jerarcas de las instituciones públicas. Con la Caja hemos logrado contratos importantes, con el MEP hemos sido más incisivos.
Pero sí hay resistencia. ¿Cuál es el número de instituciones que no se abastecen a través del PAI?
-Le puedo decir que un 62 % de los centros educativos están comprando al CNP y en el país hay 4.575 centros educativos, abastecemos a 2.983.
¿Y por qué un 38 % no, si la Ley dice que tienen que comprar al CNP?
-Nosotros vamos creciendo paulatinamente conforme vamos desarrollando el programa y vinculando a proveedores.
¿Es decir que no hay suficientes proveedores para abastecer el programa y cubrir a todos esos centros educativos?
-Proveedores hay suficientes. Nosotros trabajamos seis líneas de alimentos, abarrotes, hortofrutícolas, acuícola, cárnicos, avícolas, y lácteos. Lo que no queremos es que un proveedor sea el que abastezca las seis líneas. Estamos tratando de vincular proveedor por líneas para que a un centro educativo ya no llegue un proveedor con todas las líneas de alimentos como se hace cuando están por medio de un privado.
¿Por qué?
-Queremos democratizar el abastecimiento y por un tema de inocuidad no es correcto que en un mismo camión vaya mezclado el pescado, el huevo, hortofrutícolas y demás. El proceso de vincular productores al PAI no sucede de la noche a la mañana. Tenemos que invertir para darles ese acompañamiento. Casi que de la mano vamos y les decimos inscríbase en la Caja, el seguro de riesgos del trabajo, etc., es parte del acompañamiento que hay que darle. Las empresas tienen que estar al día en todo.
¿Entonces no hay suficientes proveedores oficializados?
-Nosotros podríamos abarcar el 100 %, lo que no queremos es que un solo proveedor abastezca todo. En el 2011 el piloto para abastecer los centros educativos empezó con 27 ubicados en la zona de occidente y buscamos suplidores. El proceso de incorporación de suplidores es un proceso lento, pero hay capacidad suficiente en los productores y la producción para atender el programa. Hoy tenemos 366 suplidores, pero lo importante es que hay proceso de regionalización.
¿Por qué?
-Lo que buscamos es que el cliente nuestro, llámese las escuelas, las cárceles y los Ministerios, sean atendidos por suplidores regionales, incluso locales. Tenemos un techo de mercado, el presupuesto de todas las instituciones del Estado para la compra de productos alimenticios y bebidas, nosotros no cubrimos el 100 %, porque necesitamos capital de trabajo. Hay una diferencia de tiempo en el plazo que tardan en pagar los clientes, es mucho más amplio del que debemos tener para pagar a los suplidores.
¿Las juntas de educación pueden elegir a quién comprarle?
-Sí bajo esa condición de que el CNP no los va a atender. La Contraloría tiene que darles una autorización, pero sí está el PAI, esa debe ser la primera opción.
¿Cómo concluyen ustedes que están asumiendo un mercado que antes era abastecido por otros proveedores?
-En los últimos años, hemos crecido un promedio de 400 a 450 proveedores por año, estamos desplazando a otro proveedor, y un proveedor privado iba a un centro educativo por todas las líneas. Nosotros los tenemos divididos. El programa tiene la vía de democratizar todo el abastecimiento para redistribuir la riqueza.
¿Cuántos millones de colones mueven esos centros educativos?
-El presupuesto para este 2021 del MEP andaba cerca de los 100.000 millones de colones distribuidos en los 4.500 centros educativos que reciben el beneficio. No toda la población recibe el beneficio, más o menos es un millón de estudiantes los que reciben el beneficio, pero depende de la localidad y el estado de pobreza. Hay cerca del 40 % que nosotros no atendemos y que atienden proveedores privados, unos autorizados y otros no.
¿Ustedes creen que esta disputa es por los centros privados?
-Es por el crecimiento. La Caja, el Ministerio de Seguridad y otros los hemos atendido al 100 %.
¿Entonces es por los centros privados?
-Con los centros educativos hay que hacer una diferenciación y es que hay una figura que son las juntas de educación, que tienen la potestad de administrar el presupuesto, entonces, en algún momento hemos encontrado resistencia, que dicen “no quiero comprar al CNP, quiero seguir comprando a equis supermercado”.
¿Y la Contraloría cede ante esos centros educativos?
-Bueno, fue parte de la solicitud que se hizo, incluso a los diputados en la comisión, de pedir alguna aclaración a la contralora, y hay centros educativos que la Contraloría dijo que tienen que ir con el CNP y no quieren, se mantienen operando con resistencia y están al margen de la Ley.
¿Cómo es que la Contraloría les aprueba el presupuesto a estos centros educativos si no quieren comprar al CNP?
-Esas son parte de las acciones administrativas por las que hemos luchado. Hay centros educativos que recurren a la Contraloría para que las exceptúe.
Es que hay algo que se llama razonabilidad de precio. ¿No será que comprar a un privado sale más barato?
-Ante de entrar al tema de precio es importante mencionar que en el 2013 abastecíamos como 103 centros educativos. Fuimos creciendo paulatinamente y en el 2020 atendíamos 2.251 y, para el 2021, unos 2.783. Para el 2022 queríamos continuar con ese crecimiento agresivo, pero ya no vamos a poder. Hay un tope que nos afecta y resulta que se llama regla fiscal. Hacienda explicaba que la compra de alimentos se ve como un gasto y yo lo veo como un costo porque yo lo compro para después poder comercializarlo.
¿Cuál era la expectativa de cobertura para el 2022?
-Era cubrir 3.400 centros educativos, estamos en capacidad de atender. El crecimiento ha sido de 500 y 500 cada año, entonces el desplazamiento ha sido agresivo. Tenemos de 45 a 50 suplidores por año nuevos y esos ingresos son por cuota, es decir ya tienen mercado, es darle clientes, lo autorizamos y ya sabemos cuántos clientes va a atender.
¿Por qué se detuvo la producción de alcohol en la Fanal?
-Esta vez se sacó de la renta fiscal. Se pidió un presupuesto extraordinario por cuatro mil millones de colones a la Contraloría General de República para la compra de materia prima.
¿Quiénes son los proveedores de materia prima?
-Laica (Liga Agrícola de la Caña) es el único proveedor de materia prima a través de varios ingenios.
¿Cómo van a afrontar el tema de la regla fiscal?
-Lo vemos como un reto, pero no nos deja de agobiar. La Fanal es una empresa de mucha data. Con la pandemia se ha dado un giro a la salud, la prioridad de nosotros ahorita es la CCSS. El 2020 fue un buen año en la facturación. En la producción de guaro bajamos el pedal, no es que dejamos de producir, en pandemia se ha vendido mucho guaro, pero tuvimos que orientar la producción del alcohol a atender la emergencia.
¿Por qué la Fanal no pidió salir de la regla fiscal?
-No se pidió porque no fuimos consultados en su momento. Hemos pedido que nos incluyan como una institución en competencia, estamos hablando con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio.
¿Pero por qué no se hizo desde la Ley 9635?
-La Ley 9635 excluye a las empresas públicas del Estado. La Fanal se debería excluir de la regla fiscal y ya hay un proyecto de ley en ese sentido. Hay muchas cosas alrededor. Es un tema en el que nos debemos ocupar. La producción de guaro está por reactivarse, le aseguro que no va a faltar para las fiestas de fin y principio de año.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
EMAIL: [email protected]
Miércoles 06 de Octubre, 2021
HORA: 12:00 AM
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