La Contraloría General de la República (CGR) volvió a expresar su oposición al proyecto de Ley sobre Alfabetización Digital y por tercera vez sostuvo que la iniciativa sería innecesaria.
Hay que recordar que la propuesta busca que los recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) ya no sean administrados por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), sino que sean entregados a otras entidades para su ejecución, tal es el caso del Ministerio de Educación Pública (MEP).
El plan inclusive es impulsado por el Poder Ejecutivo, que insiste en que la iniciativa podría ayudar a bajar los índices de la brecha digital en estudiantes que no tienen acceso a internet, cantidad que asciende a casi 500 mil alumnos a nivel nacional.
REITERACIÓN
En dos ocasiones la Contraloría ha señalado que el texto no sería necesario debido a que la actual normativa ya permite que se puedan ejecutar recursos para llevar conectividad a quienes lo requieran.
“Persiste la necesidad de que la Asamblea Legislativa evalúe bajo la integralidad del ordenamiento jurídico, si los conceptos planteados en el proyecto de ley deben estar regulados literalmente a nivel legal, tomando en cuenta que el sistema que rige actualmente permite que los propósitos de la iniciativa en comentario puedan ser abordados, a partir de las normas, los principios, los mecanismos y las competencias asignadas a entes públicos relacionados con la materia”, se detalla en el documento.
Inclusive menciona que haciendo cambios al Plan Nacional de Desarrollo se podrían perseguir más objetivos de los que actualmente plantea la iniciativa, sin necesidad de que se apruebe una ley.
“Considérense los programas de comunidades conectadas, territorios indígenas, hogares conectados, centros públicos equipados, espacios públicos conectados y la red educativa del Bicentenario como mecanismos que actualmente son financiados con recursos de Fonatel y que bajo la oportunidad del caso, pueden ya adaptarse para brindar soluciones a los problemas evidenciados en el actual proyecto de Ley”, agrega el texto.
DUPLICIDAD
Otro aspecto que señala la CGR es que se crearía duplicidad de las normativas que ya existen, inclusive menciona que redundaría en más burocracia.
“El proyecto de ley, de acuerdo a nuestro análisis, genera un desbalance entre las competencias del Poder Ejecutivo y el órgano técnico especialista en materia de telecomunicaciones, puesto que de manera sistemática se le restringe del ejercicio de sus competencias de administración de los recursos y proyectos financiados con Fonatel, al postular la participación activa en dicha materia tanto al rector actual como al MEP”, analiza el ente contralor.
La Contraloría señala que inclusive los diputados deben tomar en cuenta que en varios análisis que ha hecho esa entidad se han evidenciado severos problemas de ejecución del presupuesto.
“DEJEN DE PERDER TIEMPO”
Expertos del tema cuestionan a la ministra Paola Vega, ya que consideran que durante casi un año que lleva el texto en trámite, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) perdió el tiempo sin impulsar políticas públicas que permitan cerrar la brecha.
“Ya se ha perdido más de un año que se pudo aprovechar para hacer política pública que de verdad ayude a llevar conexión a estas familias, no comprendo la insistencia de la ministra en un proyecto que ya hasta la Contraloría ha dicho que no es necesario”, comentó Edwin Estrada, exviceministro de Ciencia y Tecnología.
En esa misma línea opina Luis Adrián Salazar, exministro de esa cartera.
“La opinión de la Contraloría es contundente, considero que no es necesaria dicha ley porque ya hay normativa con la que se puede avanzar, sin soberbia, con sensatez y con Costa Rica por delante, se avance con la emisión de política pública y que no se pierda más tiempo”, sostuvo Salazar.
Él inclusive hizo alusión a que el gobierno mismo había tenido intenciones de que esos fondos fueran utilizados para el pago de la deuda nacional, en una propuesta que fue planteada mientras Rodrigo Chaves dirigió el Ministerio de Hacienda.
La Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) también concuerda con la posición de los expertos.
“El traslado de competencias altamente técnicas en materia de redes y servicios de telecomunicación en otras entidades públicas sin tal atribución, se contrapone al sistema legal vigente sustentado en los principios regulatorios a los que el país se comprometió en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos”, acotó el conglomerado empresarial.
MINISTRA RESPONDE
DIARIO EXTRA consultó con la ministra de Micitt, Paola Vega, su posición, ante lo mencionado por la Contraloría.
“Debido a que la Ley General de Telecomunicaciones no incluye mecanismos para la disminución de brecha de uso ni la alfabetización digital, los recursos de Fonatel no pueden utilizarse para financiar la alfabetización digital”, dijo la jerarca.
La ministra dice que se debe valorar la eficiencia que ha tenido Fonatel en los últimos años para ejecutar sus recursos.
“Hacemos un llamado a que en este debate democrático se ponga en primer lugar el beneficio a la ciudadanía y no la defensa de un modelo burocrático de ejecución de Fonatel que a todas luces no responde al interés público, al no haber logrado cubrir todas las necesidades del país ni tampoco ha avanzado con la celeridad requerida en la ejecución de la política pública”, agregó Vega.
Finalmente, la ministra insiste en que la aprobación del texto permitiría darle mayor sostenibilidad y beneficiaría a sus proyectos.
PERIODISTA: Mario Taboada
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Miércoles 06 de Octubre, 2021
HORA: 12:00 AM
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