Sala IV sigue debiendo a prensa

Editorial

Muchos dicen que si ya esperamos toda la vida, por qué no esperar un día más, sin embargo es importante tener en cuenta que hay situaciones y decisiones que son una bomba de tiempo, en cualquier momento nos estalla en la cara.

Una de ellas es el tema de las celdas judiciales, el hacinamiento en las cárceles y las malas condiciones en que viven los privados de libertad, así como muchos de los que trabajan en las prisiones.

Por eso la decisión de la Sala Constitucional es tan relevante en este momento porque en realidad es un asunto país, con el cual no podemos esperar el sueño de los justos para ver si cuando volvemos a abrir los ojos eso se ha solucionado.

No podemos seguir a la espera de que los magistrados de la Sala IV decidan tomar una decisión que no solo afecta a los privados de libertad, sino a quienes estamos afuera. Resoluciones como esta se deben tomar lo más pronto posible.

Escuchar a la cabeza del Organismo de Investigación Judicial afirmar que ya no pueden recibir más personas detenidas nos hace pensar que es como darles tarjeta verde a los antisociales para que delincan porque saben que igual los van a liberar.

Además pensemos un poco es cómo se siente el ciudadano común desprotegido ante la incertidumbre de que “no hay cama para tanta gente”.

No podemos dejar de lado que se están violentando los derechos humanos de quienes están en las celdas, porque a pesar de que cometieron un delito o varios son personas que merecen un trato digno.

Es increíble que deban pasar encerrados en condiciones infrahumanas, en espacios pequeños y ni siquiera puedan hacer las limpiezas de rutina, lo cual agrava bastante la situación tomando en cuenta la pandemia por Covid-19.

Realmente uno se da cuenta que es un tema apremiante cuando el listado de hábeas corpus ya llegó a la decena. Esto quiere decir que hay más de una institución preocupada y pendiente de que resuelvan el asunto.

Temas como estos no pueden quedar en medio de acciones burocráticas que ralentizan todo y al final no resuelven el problema estructural.

Todos sabemos que el hacinamiento no es nuevo, la pandemia vino a agravar la situación, pero si la gente sigue delinquiendo hay que meterla en algún lado y los que están adentro deben vivir mejor.

No se trata de ponerse a liberar reos a diestra y siniestra porque veamos lo que pasó en la época cuando se afirmó que “una golondrina no hacía verano”. Terminamos mal.

Muchos de los que dejaron salir no aprovecharon la oportunidad, algunos aprendieron mañas en la cárcel y pusieron los conocimientos en práctica.

A pesar de que las autoridades de Justicia vieron como la pomada canaria la liberación de reos para acabar con el hacinamiento, al parecer el problema se puso peor porque a muchos los han tenido que reingresar al sistema penitenciario.

Como dirían los abuelos, fue peor el remedio que la enfermedad. A esto hay que sumarle que los delitos en el país ahora están a la orden del día; asaltos, asesinatos y ni qué decir los temas relacionados con el narcotráfico. Los ticos nos estamos acostumbrando a vivir como en el Viejo Oeste.

Algunos ni siquiera aguantaron 15 días para volver a las andadas, al ratito ya estaban cayendo en el mismo delito; otros se dedican a poner en práctica “las buenas enseñanzas” que les deja la cárcel.

Duraron una semana para tomar una decisión, finalmente la sensatez llegó y la Sala Constitucional ordenó a Justicia utilizar espacios disponibles en el centro penal de San José. Además en un máximo de dos meses el centro penitenciario Terrazas deberá entrar en funcionamiento.

Conociendo la precaria situación que existía esta era la resolución que se hubiera tomado desde la semana anterior, sin poner en aprietos a las autoridades y muchos menos a quienes están a la espera de su proceso.

Ahora lo que queda pendiente es el recurso de amparo interpuesto por ANEP y apoyado por el Colegio de Periodistas, donde piden que se deje sin efecto la mordaza que le pusieron al Ministerio de Justicia para que se refiriera a la situación en San Sebastián.

Esperemos que el fallo siente un precedente para que no dejen de lado el derecho que tenemos todos a acceder a la información y más cuando se torna de interés público.

Ponerle una mordaza a la ministra para que no hable a los medios sobre temas penitenciarios es una clara forma de coartar la libertad que tenemos todos los ciudadanos de informarnos.

Con actos como estos se vulneran la libertad de expresión, de opinión y de acceso a la información. También se tambalea la separación de poderes y esto no debería ocurrir nuevamente.

Somos un país que se jacta de ser un ferviente defensor de los derechos humanos, pero a veces la lucha es a conveniencia.

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

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Martes 05 Octubre, 2021

HORA: 12:00 AM