Todo sobre empleo público
Bernal Solano Portilla
Está claro que con la futura ley del empleo público el propósito es ayudar en algo para detener el despilfarro de miles de millones de colones en salarios y privilegios del sector público, producto de la tergiversada interpretación del artículo de la Constitución Política de Costa Rica que permite las convenciones colectivas de trabajo que solamente proliferan en el sector público, y que ha demostrado que no hay dinero de impuestos que alcance para tantos privilegios, además de la ilegalidad e injusticia para con todos los demás ciudadanos costarricenses que tienen que regirse por el Código de Trabajo.
Pero la Sala IV insiste en defender al Poder Judicial, a las Municipalidades y a las Universidades públicas como repúblicas independientes tergiversando también el tema de la autonomía.
La Sala IV debería entender que la prioridad de su razón de ser es ayudar a Costa Rica, es una institución muy cara para que ayude tan poquito a Costa Rica. Su prioridad debería ser estar mejorando día a día la redacción y la interpretación correcta de la Constitución para el bien de Costa Rica en general, no para el bien de funcionarios o instituciones en particular.
De hecho, la Sala IV hace mal al defenderse a sí misma como parte del Poder Judicial.
Costa Rica necesita urgentemente decisiones que la ayuden a encontrar la correcta interpretación de ese artículo 62 que permite las convenciones colectivas de trabajo y el artículo 68 relativo a los miles de millones sin control para el FEES, así como mejores soluciones que le permitan dejar de estar endeudando a las futuras generaciones con más préstamos y más impuestos.
