Diario Extra - Jueza contradice a ministra de Justicia

Después de las declaraciones emitidas por la ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar Rojas, donde explica que por una orden judicial la cartera no podía hablar sobre temas penitenciarios y el hacinamiento, este viernes Mayra María Acevedo Matamoros, del Juzgado de Ejecución de la Pena de San José, contradijo todo lo dicho por la jerarca.
En una actualización de la resolución acerca del tema de los centros penitenciaros, Acevedo especificó que en el primer fallo nunca se dictó que no se podía hablar del tema, sino que no se volverían a referir a los cuestionamientos del CAI San José, pero de los demás sí se daría información.
Lo anterior generó una disputa entre el Colegio de Periodistas y otras entidades que tomaron las declaraciones de la jueza como una contradicción con todo lo explicado antes por Salazar, pues a criterio de varios sectores se estaban violentando derechos básicos de los ciudadanos, pues se está negando el acceso a la información a la prensa con una censura previa.
Por esta razón, el Ministerio de Justicia y Paz hizo un nuevo comunicado de prensa donde se expresa las nuevas disposiciones de Acevedo.
“Ante una solicitud de adición y aclaración planteada por el Ministerio de Justicia y Paz al Juzgado de Ejecución de la Pena de San José, la instancia judicial informó que la limitación para expresar criterios se circunscribe solo a lo relativo al CAI San José”, declaró la cartera de Justicia.
La ministra mencionó en un nuevo video a los medios que ante dichas nuevas disposiciones de la jueza, se han puesto en comunicación con Acevedo para conocer la fundamentación jurídica en la que se basa la resolución.
“Ante una solicitud urgente y respetuosa que hicimos el día de ayer (jueves) a la señora jueza en relación con el alcance de la medida que nos había hecho llegar, nos ha respondido que la información que no podemos compartir es la que tiene que ver con el CAI de San Sebastián (San José), en esa misma consulta le hicimos saber la necesidad que tenemos de conocer la fundamentación jurídica en la cual se basa la resolución y estamos a la espera de esa respuesta”, manifestó Salazar.

“CONFIAMOS EN EL PODER JUDICIAL”

La jerarca de Justicia también dejó ver su molestia por cómo se trató el tema del falo y escribió en redes sociales: “Confiamos en que las personas que pueden tomar decisiones para que esta situación no lleve al límite al país, las tomen en el momento oportuno, tenemos más de 300 espacios sin utilizar en el CAI San José.
Nos preocupa que el Poder Judicial no comporta la urgencia que tiene el país por determinar si en el CAI San José se pueden recibir personas que se están acumulando en celdas judiciales y reprogramen por tercera vez la visita del Juzgado de Ejecución de la Pena de San José. Cada día que pasa, aumentan las personas que ingresan al sistema penitenciario nacional y no pueden hacerlo, a pesar de los espacios que ese centro tiene disponibles".
Agregó, con respecto a las consultas de la contradicción de la jueza, que categóricamente Acevedo le imponía un veto para expresarse e informar lo propio de sus competencias, por ese motivo salió a aclarar la situación.

RESOLUCIÓN CONTRARIA

Por otra parte, la ampliación de la resolución del caso señala que en ningún momento el Juzgado de Ejecución de la Pena intentó negar la información al pueblo costarricense y niega que exista una censura velada a los jerarcas del Ministerio de Justicia para dar cuentas sobre su gestión.
“Esta juzgadora (Acevedo) es muy respetuosa de los derechos de expresión y de acceso a la información consagrados constitucionalmente, por lo que se desmiente desde cualquier frente que la intención fuera negar a la población costarricense la información que todo Estado de Derecho Democrático le debe garantizar”, señala la resolución 99-200137-0198-PE del Juzgado Ejecución de la Pena.
DIARIO EXTRA se comunicó con Acevedo para conocer mayores detalles y aclarar los puntos del seguimiento de las medidas correctivas.
Muy respetuosamente mencionó que le gustaría aclarar muchos puntos sobre el tema, pero se le hace imposible pasar por encima de las reglas jurídicas y todo tiene que ser gestionado por el departamento de prensa de la Corte para poder emitir su criterio.
Al cierre de esta edición trascendió que el Ministerio de Justicia y Paz recurrió a interponer un recurso de amparo contra el Juzgado de Ejecución de la Pena.
Sin embargo, al momento de intentar confirmar esta información con la cartera, no se pronunciaron al respecto.

- Colegio de Periodistas: “Se debe respetar libertad de prensa”
Ante toda la polémica causada entre las dos jerarcas, el Colegio de Periodistas se pronunció para dar su punto de vista.
“La Junta Directiva del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación solicita, con carácter de urgencia, una cita presencial con el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el señor Pedro Vaca, a fin de exponer con carácter de urgencia ocurrido el pasado 30 de septiembre. Esto con el fin de que se respete la libertad de prensa y la libertad de expresión en Costa Rica”, declaró la entidad.
Sumado a eso señalan que aún se encuentran a la espera de la contestación de Vaca.

- Abogado Fabián Volio: “La jueza debería ser sancionada”
El Periódico de Más Venta en Costa Rica habló con Fabián Volio, abogado constitucionalista, para conocer su postura.
“La resolución es absolutamente arbitraria porque alega que una crítica o una manifestación al tema de la sobrepoblación carcelaria le causa un problema a la independencia del Poder Judicial, lo cual es falso, porque nadie está amenazando a la jueza con algún tipo de consecuencia para que no dicte las resoluciones que debe dictar.
Es absurdo pensar que este debate que hay sobre el hacinamiento carcelario le impida a esa jueza dictar resoluciones, que le afecte su independencia judicial es absurdo pensarlo”, explicó.
Agregó que, ante esta resolución, la jueza debería ser sancionada hasta con una suspensión de una semana sin derecho a salario porque ese fallo que dictó no está apegado a la Constitución.
“Ella se está extralimitando, por todo lado que se quiera ver y debe ser sancionada, entre las cuales podrían ser una amonestación administrativa disciplinaria, como también se le puede sancionar con una suspensión sin salario, ya que es muy grave para la democracia”, finalizó Volio.