El Poder Judicial engrosó su presupuesto para el año 2022 en ¢12.634 millones, en comparación con el monto previsto para el 2021, según un reciente análisis de la Contraloría General de la República (CGR).
Para ese poder del Estado, el monto previsto de gastos para el próximo año es de ¢470.579 millones, mientras que en este 2021 fue de ¢457.945 millones.
“La variación más relevante se manifestó en: Remuneraciones ¢7.940 millones (2,1%), Servicios ¢2.386 millones (5,9%), Bienes duraderos ¢1.174 millones (5,6%)”, detalla el documento.
En los recuadros, usted podrá repasar los datos más sobresalientes del análisis:
MÁS PLAZAS
La Contraloría menciona que el aumento en la cantidad de dinero que se destinará para el pago de remuneraciones se debe a la creación de 20 plazas para “Administración del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial”, 25 plazas para Investigación Judicial y 19 personas que serán trasladadas a cargos fijos.
“Adicionalmente, se incorporan recursos para la inclusión de 17 plazas ordinarias de Defensor Público”, agrega el informe.
PAGO DE SERVICIOS
Este es otro de los rubros que incrementará para el 2022, específicamente tendrá un alza de ¢2.386 millones.
“Para el pago de contratos en servicios de limpieza, vigilancia, servicios públicos, alquiler de edificios, servicios de gestión y apoyo, seguros y mantenimiento de edificios, entre otros. Al respecto, es importante señalar que esta partida comprende gastos asociados al programa Administración del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, que se incorpora por primera vez al presupuesto”, menciona la CGR.
También se presupuestan ¢1.174 millones más en la compra de bienes, que se destinan a construcciones y compras de licencias de cómputo.
“El Poder Judicial afronta el desafío de ejecutar, monitorear y evaluar los gastos, para que se garantice a la ciudadanía el uso eficiente de los recursos públicos”, determina el órgano supervisor.
En el caso de las construcciones, corresponde a proyectos programados en la Morgue Auxiliar, edificio de toma de muestras, Tribunal de San Ramón y reacondicionamiento del edificio de Tribunales de San José.
INCORPORACIÓN DE PROYECTOS
Otro elemento que pesa en el incremento al presupuesto de ese poder de la República es la incorporación de varios proyectos como Fondo de Jubilaciones y Pensiones.
A este proyecto le fueron asignados ¢1.722 millones.
“Se considera importante someter a valoración la necesidad de crear nuevas plazas para la operación del Fondo, tomando en consideración el contexto actual de las finanzas públicas que exige por parte de las administraciones un buen uso de los recursos públicos, así como una gestión eficiente de sus funciones vinculadas a la actividad sustantiva que debe realizar el Poder Judicial; ya que el Fondo ha venido operando con las 18 plazas existentes”, señala la CGR.
Finalmente, la institución de La Sabana sugiere al Poder Judicial que, al contar con más recursos para el próximo año, garantice el uso eficiente de los fondos para dar continuidad al servicio.
PODER JUDICIAL SE REFIERE
El Poder Judicial enfatizó que el presupuesto aprobado por Corte Plena para 2022 se ajustó al límite establecido por el Ministerio de Hacienda en cumplimiento con la regla fiscal.
Además, señalaron que el monto representa una disminución de 0,06% respecto al aprobado por Corte para este año, el cual fue recortado por la Asamblea Legislativa.
Afirmaron que el monto recortado en 2021 fue de ¢11.622.854.312, por lo que para 2021 se trabaja con un rebajo de ¢457.170 millones.
“La comparación que realiza la Contraloría General de República del presupuesto formulado 2022, se realiza contra la base del presupuesto rebajado, por ello se visualiza el incremento indicado.
Este incremento del 2,8% también se explica en el hecho de que el presupuesto aprobado por Corte Plena para 2022 se consolida con los recursos del nuevo Programa 951 Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones por ¢1.214 millones (recursos propios del Fondo, no se pueden considerar en el límite del presupuesto ordinario del PJ), más los recursos asignados por el Ministerio de Hacienda para la atención de la materia de Pensiones Alimentarias por ¢869,9 millones”, afirmaron desde la institución.
El Poder Judicial recalcó que los recursos presupuestarios que se asignaron en proyectos constructivos se administran con estricto control y en fundamento de la metodología internacional de la administración de proyectos.
Añadieron que los recursos destinados al pago de servicios fueron afectados internamente al tener que presupuestar el pago del impuesto del valor agregado a partir de la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Con respecto a los recursos destinados a compra de licencias de software, renovación, desarrollo, mantenimiento y seguridad informática, se da por la necesidad de mantener el servicio público e impulsar la continuidad de los servicios por medio de audiencias virtuales.
Por último, dijeron que el presupuesto para la creación de las 17 plazas para contratar los servicios de personas defensoras públicas en materia de pensiones alimentarias y personas indígenas, estas últimas en las zonas de Turrialba y Buenos Aires, se requieren para cumplir con la legislación vigente y prestar el servicio a nivel nacional de la población vulnerable que la requiere.
PERIODISTA: Mario Taboada
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Jueves 30 de Septiembre, 2021
HORA: 12:00 AM
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