Un proyecto de ley que busca que la plata de campañas electorales no quede entre familiares de los políticos avanza a buen ritmo en el Congreso.
Se trata del expediente 20.886, con el que se pretende reformar el Código Electoral a fin de evitar el nepotismo en los partidos políticos.
El nepotismo es el favorecimiento de políticos y funcionarios públicos a familiares, allegados y amigos, a la hora de otorgar recursos, realizar concesiones o contrataciones.
Dicha iniciativa se encuentra en la Comisión de Asuntos Jurídicos y, en medio del trámite de ley, se aprobó una moción para que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), siguiendo lo normado sobre derecho fiscal, pueda cruzar información con el Banco Central para saber si se está contratando a una empresa vinculada a los Comité Ejecutivo Superiores de los partidos políticos.
“No se prohíbe que los familiares de quienes integran un partido político participen en la agrupación, que ocupen candidaturas o que contraten familiares. Lo que plantea es que si se da una contratación de personas o empresas que son familiares directos de quienes contratan, no pueda ser redimible de la deuda política para que no se dé un uso abusivo de la misma. La mayoría de instituciones tienen esas normas que prohíben que quien decide sobre una contratación, contrate a sus mismos familiares (…) Si no se aplica lo del Banco Central, el TSE no tendría forma de saber si se cumple la norma”, explicó el proponente de la moción, José María Villalta (FA).
Asimismo, se avanzó con moción para que la entrada en vigencia de las disposiciones se realice 24 meses después de la publicación de la ley.
Así las cosas, la propuesta no podría aplicar para la próxima campaña electoral.
El único que se ha manifestado en contra fue el diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) Pedro Muñoz, quien ha señalado que pone restricciones para que las personas se involucren en las actividades políticas.
“Es un paso en la dirección equivocada. Al final, son los partidos políticos, con base en el principio de autorregulación y en el principio de transparencia, los que tienen que tomar esa decisión. La excesiva regulación nos va a matar, pero, además, estamos satanizando la participación de parientes. Es un paso en la dirección incorrecta”, dijo el socialcristiano.
El monto del aporte estatal a los partidos políticos correspondiente a las elecciones celebradas en febrero de 2018 fue fijado por el TSE según la resolución N.º 0959-E10-2017, en la suma global de ¢25.029.906.960 (veinticinco mil veintinueve millones novecientos seis mil novecientos sesenta colones exactos), de los cuales para las elecciones municipales de 2 de febrero de 2020 se reservó el monto ¢9.386.215.110,00 (nueve mil trescientos ochenta y seis millones doscientos quince mil ciento diez colones).
En aplicación del ordenamiento jurídico vigente es entonces que los partidos políticos, con derecho a la contribución estatal, reciben recursos provenientes de fondos públicos, aportes que deben ser utilizados debidamente por las agrupaciones partidarias.
PERIODISTA: Aarón Chinchilla Carvajal
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Jueves 30 de Septiembre, 2021
HORA: 12:00 AM
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