138 familias de los precarios Bendición I y Bendición II en Rincón Grande de Pavas de San José enfrentan una fuerte incertidumbre en relación con su futuro a partir de este viernes 1º de octubre, pues serán desalojadas de sus ranchos sin que a la fecha tengan un techo donde vivir, por lo que están moviendo cielo y tierra para impedir que el acto se ejecute.
La Policía Municipal de San José notificó en abril un plazo máximo de seis meses a raíz de una orden del Ministerio Público en donde la Fiscalía Agrario Ambiental ordenó el traslado de los costos del operativo a las personas identificadas dentro del proceso penal.
El caso se tramita desde el 2014 en el Juzgado Penal de Pavas por una presunta invasión de área de protección contra los recursos naturales de la zona debido a que el terreno se localiza al margen del río Chapuí.
TERRENOS
Los terrenos están a nombre de la Junta de Protección Social (JPS) y tienen como finalidad la recuperación de espacios públicos, montañas y cuencas.
Sin embargo, detrás del desalojo que se daría en ese sitio se encuentran cientos de familias con hijos, adultos mayores o personas con discapacidad, quienes denunciaron que ni el Ministerio de Vivienda (Mivah) ni la Municipalidad de San José les ofrecen alternativas para reubicarse y contar con un techo digno.
La comunidad alegó ante la Sala Constitucional que habitan la zona desde 2014 y que cuentan con una posesión legítima de las casas.
Los vecinos interpusieron un recurso de amparo contra la JPS, la Municipalidad de San José y el Estado costarricense por la incapacidad del sistema para dotarles de un techo donde vivir.
Indicaron que dentro de las 138 familias viven 222 personas menores de edad, 30 adultos mayores, 10 enfermos delicados y que enfrentan una situación compleja a raíz de la pandemia.
Los vecinos esperan que las autoridades se pongan la mano en el corazón y no permitan un desalojo el cual consideraron sin razón y arbitrario.
VECINOS CLAMAN AYUDA
• Melania Mena
“Nos dicen que nos van a desalojar, pero no nos han dado una respuesta de dónde podemos ubicarnos. Nosotros no podemos retirarnos de las viviendas porque no tenemos a donde ir. Lo que nosotros queremos es ver si nos pueden dar un terrenito para poder poner los ranchitos que nosotros tenemos porque ninguno de nosotros tiene un recurso grande, hay personas con un día de trabajo o que no tienen del todo ninguno”.
• Ramón Rizos
“Los niños que tenemos aquí necesitan terminar sus cursos lectivos y que pasen la Navidad en estos ranchitos. Imagínese, no tenemos para pagar esas casas, si comemos no podemos pagar casa. No hay trabajo y el Gobierno lo sabe perfectamente bien. A Carlos Alvarado le pido que se acuerde de sus palabras, que él dijo de que no habría desalojos en ningún precario hasta nuevo aviso dentro de 3 años, que sea real y que le cumpla al pueblo”.
• Carlyn Hills
“La notificación nos afectó demasiado porque no tenemos un hogar, no tenemos un hogarcito donde dormir con mis cuatro bebés. En este precario nos sentimos como en familia, pero en este momento nos sentimos muy tristes porque ahorita estamos desempleados, sin condiciones para trabajar. Necesitamos que nos ayuden, aunque sea con un pedacito de lote para que podamos hacer nuestros ranchitos para estar con nuestras familias”.
• Sergio Hernández
“Nosotros pedimos que no nos tiren a la calle porque tenemos necesidad. La Junta de Protección Social aquí no nos está protegiendo a nosotros en nada, más bien nos está echando a la calle. Todos los predios son de la Junta, pero no miran las necesidades de los seres humanos. La Junta prefiere más a los caballos que a los chiquitos que viven aquí. Le pedimos al presidente que viva un día y una noche aquí para que se dé cuenta de las necesidades que tienen las personas en este precario”.
ASÍ LO DIJO
• Marcelo Solano, Director de la Policía Municipal
“Se trata de un proceso de desalojo de los precarios denominados la Bendición I y la Bendición II ubicados en el distrito de Pavas en las cercanías del aeropuerto Tobías Bolaños en donde están construidas 138 estructuras habitacionales y en donde habitan al día de hoy 645 personas. El desalojo, dirigido por la Fiscalía Agrario Ambiental, está así, a la Municipalidad de San José, al Ministerio de Seguridad Pública, la Junta de Protección Social, atendiendo la resolución final de un fallo judicial que inició en el 2014 y que tiene como objetivo recuperar terrenos que son públicos, propiedad de la Junta de Protección Social, y que además están en la franja de protección forestal del Río Chapuí”.
JPS RESPONDE
La Junta de Protección Social (JPS) indicó que la intención es usar el terreno para devolverlo a su condición original de protección de la cuenca del río.
Indicaron que, atendiendo la orden judicial, se trabajará en reforestación en el área límite del río, que se considera aproximadamente de 700 metros lineales y para lo que se maneja un presupuesto estimado de ¢4 millones.
También contemplaron la posibilidad de un corredor biológico que incluya una arborización del área con especies en crecimiento medio para fauna y alto para colores.
“Se establecerán acciones conjuntas con la oficina de Corredor Biológico de la Municipalidad de San José, para lo cual se trabaja en la redacción de un convenio interinstitucional, que permita la donación de especies e insumos, así como disponer de los profesionales y la mano de obra de la Municipalidad.
Además, esto requiere la aprobación por parte del SINAC (Sistema Nacional de Áreas de Conservación”, señaló.
La institución espera iniciar con el proyecto una vez que el terreno esté desocupado.
¿QUÉ DICE EL GOBIERNO?
El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) indicó que previamente se realizó un censo de las familias por parte de la Municipalidad de San José.
Argumentaron que desde el Área Regional Suroeste del IMAS, el equipo se puso a la disposición para atender los procesos de coordinación para apoyar a las familias que califiquen en el proceso.
La institución detalló que desde este lunes se citaron a las familias que por su propia voluntad decidieron optar por el beneficio de alquiler temporal, para el trámite correspondiente.
El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah) detalló que la Comisión de Atención Integral de Desalojos de la Presidencia asumió el tema en setiembre.
Enfatizaron que en reunión se acordó gestionar ante la Procuraduría General de la República (PGR) el envío de una nota al Tribunal para posponer el desalojo.
PERIODISTA: Greivin Granados
EMAIL: [email protected]
Martes 28 de Septiembre, 2021
HORA: 12:00 AM
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