Diario Extra - Sala Constitucional cuestiona cierres técnicos en cárceles

Una vista de la Sala Constitucional enfrenta al juez de Ejecución de la Pena Juan Carlos Alvarado con varios jerarcas de gobierno, quienes reclaman por los cierres dictados en los centros penales.
DIARIO EXTRA conversó con el juez Alvarado, quien comentó que desde hace tres años al menos, en Alajuela se emitieron órdenes de cierre técnico en varios centros penitenciarios tales como el CAI Luis Paulino Mora, el CAI Gerardo Rodríguez y el ámbito B del CAI Jorge Arturo Montero Castro, así como la Unidad de Atención Integral Reinaldo Villalobos, que no se trata de una cárcel ordinaria, sino que es considerada como una residencia.
“Se dan cuando el juez de Ejecución de la Pena, de conformidad con el artículo 432 del Código Procesal Penal, establece la potestad de dictar una medida correctiva, es decir cuando el juez considere y valore que existen algunos problemas, en este caso por ejemplo sobrepoblación o hacinamiento, todo lo que versa sobre afectación de derechos humanos, afectación de orden alimentario, de salud, de seguridad, cualquier situación que afecte o distorsione la convivencia de las personas privadas de libertad. Todos han sido más que todo por problemas de hacinamiento y sobrepoblación”, explicó Alvarado.
Añadió que en el caso específico de la UAI Reinaldo Villalobos, la orden se dictó antes de la pandemia por Covid-19, a inicios del año 2019, incluso desde el año 2018 había denuncias por parte de la Defensa Pública sobre cuestiones de sobrepoblación y hacinamiento.
“La Defensa Pública determinó que había serios problemas con respecto a unos camarotes que estaban introduciendo en los módulos de esa unidad con la intención de albergar más residentes de lo permitido”, comentó.
El juez Alvarado señaló que las razones por las cuales se dictó la medida correctiva, en su momento a mediados del 2019, fue por el ingreso de los camarotes, por lo que se ordenó desocupar los que se ingresaron extra y se dispuso mejorar una serie de controles y revisar algunos hechos de corrupción como el retiro de alimentos para una chanchera.
“La medida se mantiene vigente por la sobrepoblación, no del todo se cumplió con la orden, se dieron ingresos por debajo de la medida correctiva, había siempre escritos de la Defensa Pública de irregularidades que se continúan dando, aún con el cierre técnico y la orden judicial”, acotó.
En junio de 2021 la Defensa Pública presentó una nueva denuncia de 188 privados de libertad no residentes, es decir, eran indiciados o sentenciados de otros centros penales que se ubicaron en este recinto, en el gimnasio, obviando la orden judicial.
La coordinadora destacó que estos ingresos constituían un foco de contagio, pues no cumplían con los requisitos de residencia.
“Al traer personas a ese gimnasio fue donde la defensa solicitó la orden de desalojo porque ingresaron contra la medida correctiva del 2019. Entonces, yo dicté una medida cautelar a la ministra y la viceministra para que estas personas no residentes fueran desocupadas de ese espacio y se ubicaran en otros centros penales y se llevaron al nuevo edificio de Terrazas en Reforma, que tiene capacidad para 1.300 personas”, detalló.
Alvarado mencionó que a pesar de tener este espacio, el Ministerio de Justicia no busca la posibilidad de que se les asigne personal para poder habilitar los espacios y que, por el contrario, prefiere incumplir con las órdenes correctivas emitidas.

SENTENCIA EN FIRME

Pese a la situación, el Ministerio de Justicia no cumple con las órdenes, sino que informan de un oficio que indica que el gimnasio de la UAI Reinaldo Villalobos era adscrito a otro centro penal, lo cual se considera absurdo.
“Ante esa situación irregular yo ordené anular ese oficio, esa directriz, porque hay una disposición reglamentaria que prohíbe la sobrepoblación y hay un compromiso de gobierno para que esa unidad no se considere una cárcel, entonces ya la estaban utilizando como una cárcel”, explicó.
El juez señaló que se dieron una serie de justificaciones inválidas para evadir el cumplimiento de ubicar personas en centros penales y violentar las medidas.
Esta situación también se presentó en el CAI Luis Paulino Mora Mora y en el ámbito B de la Reforma.
Alvarado precisó que las autoridades han realizado varios intentos para no cumplir con las resoluciones.
“Después de una audiencia oral de fecha 23 y 25 de agosto, para escuchar a las partes, para conocer la medida correctiva y los incumplimientos que la Defensa Pública estaba denunciando y porque ya estaba en curso una medida cautelar que se debió haber cumplido. Ante esa resolución ellos solicitaron un recurso de consideración y se rechazó porque no existe en el procedimiento ordinario procesal penal, entonces la audiencia fue para determinar este incumplimiento y así se constató y se ordenó testimoniar piezas por los delitos de desobediencia a la autoridad judicial ante el Ministerio Público y esa resolución no fue apelada por los jerarcas del Ministerio de Justicia y al tercer día quedó en firme”, acotó.
En otras palabras, en lugar de presentar un recurso de apelación como correspondía, esperaron algunos días para presentar un “reclamo político”, según lo dicho por el juez, con un recurso de habeas corpus ante la Sala Constitucional.
El juez explicó que, de conformidad con el artículo 10 de la Constitución Política, la vía de constitucionalidad no es para conocer asuntos de jurisdicción ordinaria.

VISTA PÚBLICA

Por este tema se realiza hoy una vista pública y virtual en la Sala Constitucional, en la que se discute el habeas corpus presentado por los ministerios de Justicia y Salud por los espacios de aislamiento por Covid-19 en los centros penitenciarios.
Se trata de un recurso interpuesto por Fiorella Salazar y Pedro González, ministra de Justicia y viceministro de Salud, respectivamente, en contra de las órdenes emitidas por el Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela que impiden el uso de los espacios de aislamiento dispuestos para la prevención del coronavirus en las cárceles.
El habeas corpus se presentó el 7 de setiembre y se tramita bajo el expediente número 21-017649-0007-CO y en el texto se alega que la decisión del juzgado recurrido pone en riesgo la vida, la salud e integridad de la población privada de libertad.
En la vista participan el juez Juan Carlos Delgado como parte recurrida y como coadyuvantes activos de los jerarcas Salazar y González, están Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias; Daisy Matamoros, directora de la Policía Penitenciaria; Nils Ching, subdirector de la Policía Penitenciaria; Michael Soto, ministro de Seguridad Pública; Diana Posada, delegada en la toma de decisiones en torno a la pandemia, y María Devandas, como ministra a.i. de la Presidencia.
Como coadyuvante pasivo participa Danicio Fernández, defensor público de Alajuela.
Los magistrados de Sala Constitucional también convocaron al director del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y al director del Organismo de Investigación Judicial.