Se dice que los centros educativos estarían pagando sobreprecios por la compra de alimentos al Consejo Nacional de Producción (CNP), pero ¿y qué pasa con los proveedores privados?
Esto es lo que un grupo de diputados pretende que investigue la Contraloría General de la República para tener un panorama global sobre el tema porque se estima que al menos el 40% de las juntas de educación compra a proveedores privados.
La petición se hace con fundamento en el artículo 22 párrafo 2 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, el cual indica que esta podrá instruir sumarios administrativos o realizar investigaciones especiales de oficio, a petición de un sujeto pasivo o de cualquier interesado, y cuando lo solicite la Asamblea Legislativa.
Los diputados dicen que esto servirá como insumo para la discusión del expediente 21.424, Modificación del artículo No.9 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción, No.2035.
“Esta investigación que se solicita tiene el propósito de verificar las condiciones básicas del servicio brindado por los proveedores privados a los centros educativos del Ministerio de Educación Pública (MEP), que no son atendidos por el CNP en la actualidad”, indica la nota firmada por varios legisladores, de la que DIARIO EXTRA tiene una copia.
La investigación debería sujetarse al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de junio de 2021. Se pide evaluar si la administración del MEP encargada realiza actividades periódicas para determinar la efectividad del servicio prestado por los proveedores privados a los comedores escolares y si efectivamente se satisface la cantidad de raciones con la pertinencia que se define en los presupuestos transferidos a las juntas administrativas.
Lo anterior con base en los menús oficiales y de presentarse desfases identificar las causas. Además quieren que se realice un análisis de los precios de una muestra de los principales productos suministrados por los proveedores privados de las juntas de educación, en concordancia con los menús oficiales que determina el MEP.
PRODUCTO NACIONAL VERSUS IMPORTADO
La idea es que se tome como referencia los precios de esos mismos productos en supermercados locales y los precios que establece el CNP en su gestión de proveedor.
Se habla de un análisis básico sobre la procedencia, ya sea nacional o importada, de los productos que están suministrando los proveedores privados a las juntas de educación.
Otro punto será evaluar el presupuesto efectivamente transferido por el MEP a los centros educativos en relación con lo finalmente gastado y los tiempos de pago de las juntas administrativas a los proveedores privados.
A ello se suma la calidad, entrega, disponibilidad y atención al usuario, entre otros aspectos, que se espera cumplan dichos suplidores.
En días recientes Marta Acosta, contralora general de la República, estuvo en la comisión que analiza el proyecto expediente 21.424 y para los diputados quedó claro que no existen datos sobre las compras a proveedores privados.
Los huevos y los frijoles son algunos de los productos en que se ha denunciado hay pago de sobreprecios por parte del CNP a proveedores nacionales, quienes alegan se trata de un precio justo.
¿QUÉ PLANTEA EL PROYECTO?
El proyecto de ley lo impulsa el diputado liberacionista Wagner Jiménez. Este pretende modificar el artículo 9 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción para que las compras que hacen las juntas de educación al Programa de Abastecimiento Institucional sean opcionales y no obligatorias, como ocurre en la actualidad.
Fuente: Expediente 21.424
PERIODISTA: María Siu Lanzas
EMAIL: [email protected]
Lunes 13 de Septiembre, 2021
HORA: 12:00 AM
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