Diario Extra - Abuelita demanda al Estado por ¢10 mills.

Nuria María Castrillo Molina, famosa abuelita de 77 años que ganó un recurso de amparo en la Sala IV tras denunciar al Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) por no poder pasar en su silla de ruedas a la salida de su casa en Alajuela, demandó al Estado por ¢10 millones, de acuerdo con el expediente 21 003795 0305 PE, del cual DIARIO EXTRA tiene copia.
El delito planteado es incumplimiento de deberes y están acusados Elizabeth Briceño Jiménez, presidenta ejecutiva; Mario Granados Barzuna, jefe del Departamento Legal; y Marco Coto Segura, gerente de Operaciones del Incofer.

“QUEJA SOJO MÉNDEZ”

Luis Antonio Sojo Méndez, abogado y vecino de la adulta mayor, expresó que demandaron al Estado, pues no es posible que la denuncia de su representada en Incofer solo aparecía como “Queja Sojo Méndez” sin tener un número de expediente asignado, por esa razón pasó el tiempo y quedó en el olvido.
Apuntó que el Estado debe pagar daños y perjuicios a su representada por ¢10 millones.
“Se le puso en conocimiento al Ministerio Público para que realice las diligencias investigativas por la posible comisión de un delito de incumplimiento de deberes o favorecimiento personal de los funcionarios del Incofer. Lo anterior por la omisión de realizar la denuncia correspondiente en contra de una persona que ellos ya han determinado que existe una invasión en el derecho de vía.
Los funcionarios del Incofer han sido omisos, no actuando de manera expedita para garantizar el paso, por lo que fueron condenados por la Sala Constitucional, ni para proceder con la denuncia ante el Ministerio Público a la cual están obligados todos los funcionarios públicos”, explicó.

SALA IV YA CONDENÓ

Hay que recordar que la Sala IV ordenó al Incofer demoler una edificación para que doña Nuria pueda pasar en su silla de ruedas sin poner su vida en peligro.
De acuerdo con la denuncia, el problema obedece a que un vecino construyó una vivienda e invadió el derecho de vía del tren.
Tras varios años nadie tomó acciones en este caso, pese a que la casa dificulta el paso por el lugar, en especial en silla de ruedas.
La resolución está dentro del expediente 21-007742-0007-CO, del cual El Periódico de Más Venta en Costa Rica tiene copia.
El documento señala un plazo máximo de 6 meses al Incofer para demoler una estructura de varios metros cuadrados que está en propiedad privada.
La condena dice: “Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Elizabeth Briceño Jiménez, presidente ejecutiva; Mario Granados Barzuna, jefe del Departamento Legal; y Marco Coto Segura, gerente de Operaciones; todos del Instituto Costarricense de Ferrocarriles y a quienes en su lugar ocupen esos cargos, que tomen las medidas necesarias y giren las órdenes que correspondan para que, en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, en la zona denunciada en la gestión de 16 de octubre de 2020 se solucione el problema relacionado con la obstaculización del paso peatonal”.
Agrega: “Se les advierte que, de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto Costarricense de Ferrocarriles al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo”.

DICEN QUE TIENEN TIEMPO

En una nota enviada por Incofer a la defensa legal de doña Nuria mencionan que tienen tiempo para arreglar la vía.
“Asimismo, la Gerencia de Operaciones realizará la valoración correspondiente de la condición de los inmuebles citados en su escrito, lo anterior para tomar las acciones correctivas cuando la situación así lo amerite. Se le recuerda respetuosamente que la resolución de la Sala Constitucional textualmente indica que el Incofer cuenta con un plazo de seis meses para cumplir con lo ordenado. En vista de ello al contar con plazo suficiente las acciones que se tomarán serán acordes a dicha resolución y practicadas durante el tiempo concedido”, finaliza.